La guerra entre FCC y ACS está servida. Ambas compañías compiten por ganar el proceso de privatización de EGF, la compañía pública de gestión de aguas y residuos portuguesa y las dos finalistas han solicitado que se excluya del proceso la oferta de su rival.
La semana pasada Parpublica, el holding público portuguíés que controla EGF, eligió como favorita la oferta del consorcio de ACS, que compite de la mano de la mayor constructora local, Mota-Engil, y que ascendía a 149,9 millones de euros.
La oferta de FCC es tan sólo un 3% inferior, pues alcanza los 145 millones de euros, motivo por el cual el grupo presidido por Esther Alcocer Koplowitz considera que se tendría que haber producido un empate tíécnico, teniendo en cuenta que el resto de puntuaciones son tambiíén muy similares o incluso superiores a las del consorcio de ACS, por lo que consideran que se debería resolver con un proceso de subasta.
Así, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas al proceso, FCC ha solicitado que se excluya la oferta de su rival alegando motivos formales y financieros. Concretamente, el grupo asegura que la oferta presentada por la filial de Mota-Engil, Suma, no cuenta con las autorizaciones internas necesarias, pues no tiene el visto bueno de su Consejo Superior. Precisamente, este fue el mismo motivo por el que se excluyó la oferta de la belga Indaver.
Asimismo, FCC explica en sus alegaciones que la financiación de Suma cuenta con un periodo de validez de tan sólo tres meses, a contar desde el 31 de julio, es decir, que expira el 31 de octubre de 2014, mientras que las condiciones del concurso requieren que la financiación tenga una validez de 12 meses.
Este detalle puede afectar a la refinanciación que tendrá que llevar a cabo el próximo propietario de EGF, pues la compañía arrastra una deuda de 200 millones de euros, que será asumida por el ganador del concurso.
Políémica por los despidos
En el caso de los aspectos financieros, FCC explica que a pesar de presentar una oferta un 3 por ciento inferior, su planteamiento es más beneficioso para los Ayuntamientos, que cuentan con una pequeña participación de EGF. En este caso la diferencia es mínima, tan sólo un 0,1%.
Por otro lado, asegura que su propuesta medioambiental y de recursos humanos ha obtenido mejor puntuación, así como su plan de empleo. Este ha sido precisamente otro punto bastante políémico durante el concurso, pues según ha podido saber elEconomista, en el informe realizado por Parpublica, encargada de valorar las ofertas, asegura que Suma, "indica explícitamente que prevíé aplicar un proceso de optimización organizacional, del cual prevíé resultar una capacidad excedentaria del 20 por ciento".
Esto implicaría el despido de 400 empleados de los 2.000 que tiene la plantilla de EGF, si bien asegura que podría recolocar a una parte en otras actividades.
Tras la políémica creada al hacerse públicas sus intenciones, Suma que solicita la exclusión de FCC al considera que no tiene suficiente capacidad financiera, ha negado rotundamente que vaya a acometer esos despidos
