Al final reconocen su ‘bancarrota’. Cajasur sufrió el pasado ejercicio económico unas píérdidas de 600 millones de euros. El Confidencial ya publicó el pasado 26 de noviembre que las cuentas de la entidad financiera cordobesa no pintaban nada bien: 528 millones de euros, 50 millones de euros menos de lo finalmente fijado.
La cifra fue desvelada en la reunión del consejo de administración del pasado miíércoles, presidido por el todavía presidente de la entidad, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, y que contó por primera vez con la asistencia del coordinador general de la fusión entre Unicaja y Cajasur, Manuel Azuaga, director de la división de participadas de la caja malagueña y ‘enviado especial’ de Braulio Medel para controlar el día a día de Cajasur hasta que se fusione con Unicaja.
La entidad cordobesa achaca los malos datos al “deterioro inmobiliario†y argumentan que los ‘números rojos’ se explican por la necesidad de las “fuertes provisiones para cubrir todos los riesgos, en línea con las recomendaciones del Banco de España". El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, ha echado más leña al fuego. “Todos sabíamos la apuesta que hicieron los dirigentes de Cajasur en el sector inmobiliario, lo que les ha llevado, como a otras cajas, a resultados negativos, y Cajasur no está ajena a este fenómeno", resaltó Pizarro.
En Cajasur intentan calmar los ánimos internos destacando que la caja ha tenido un incremento del 30% del beneficio no recurrente. La entidad intenta obviar los malos datos del informe de la consultora internacional The Boston Consulting Group, que cifraba un agujero de 800 millones de euros por fondos no cubiertos en la entidad controlada por el Cabildo Catedralicio de Córdoba.
La situación en Cajasur dista mucho de ser tranquila. Sin ir más lejos, Aspromonte, el sindicato mayoritario, continúa echando un pulso a la nueva dirección de la entidad. “No lo vemos claro. No hace falta echar a 1.000 personas. Me lo tienen que demostrar y no lo han hecho. Cuando lo hagan, entonces se podría plantear. Los empleados no deben pagar el pato de la fusiónâ€, ya destacó Josíé Ignacio Torres, presidente de Aspromonte.
