El Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid celebrará este martes el juicio contra Citibank por la demanda que le interpusieron 122 inversores afectados por la quiebra de Lehman Brothers, que le reclaman una indemnización de 3,2 millones de euros (4,3 millones de dólares).
Los clientes presentaron el 7 de abril de 2009 la demanda colectiva contra Citibank, al que acusan de deslealtad y malas prácticas en la comercialización de los productos, que eran inadecuados al perfil inversor de los afectados y que devengaron abultadas comisiones en favor de la entidad financiera y de los asesores que los colocaban.
El banco estadounidense no es el único que afronta próximamente a un juicio, ya que el Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid dirimirá entre el 2 y el 4 de marzo otra demanda presentada contra Bankinter por 79 afectados, asesorados tambiíén por Jausas y Zunzunegui.
En esta última causa se exigen 10,2 millones de euros (13,8 millones de dólares) ante las píérdidas sufridas por sus inversiones en productos vinculados a Lehman Brothers.
En el caso de Citibank, los despachos critican la agresiva comercialización de los productos entre pequeños inversores, con cuantías de incluso 3.000 euros, frente a los 50.000 euros de inversión que solían exigir otras entidades financieras al ser productos de riesgo orientados a inversores cualificados y no minoritarios.
Según la documentación facilitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Citibank ordenó a sus comerciales -presentados como asesores sin tener la cualificación- que ofrecieran productos vinculados a Lehman Brothers a fin de “retener el capital invertido en los depósitos a plazo†y “cubrir las expectativas de los clientes más conservadores".
Para los abogados de los demandantes, Citibank desarrolló una “estrategia internacional†de colocaciones de productos vinculados a Lehman Brothers sin contar con los intereses de los clientes.
En total, Citibank vendió en España productos a 3.282 clientes, por un importe total de 78,5 millones de euros (106,8 millones de dólares), según la documentación aportada.
A todo ello hay que añadir que en las compraventas se utilizó una cuenta global “sin la oportuna autorización previa y escrita del cliente como previene la leyâ€, por lo que Jausas y Zunzunegui consideran incluso que el banco podría ser el titular de las inversiones y no los clientes.
