Los economistas y políticos ortodoxos y neoliberales culpan a la subida de precios a dos factores: la excesiva circulación de dinero y la presión que las demandas salariales realizan sobre los costes de las empresas, de modo que íéstas se ven obligadas a subir los precios.
Y para hacer frente a esas dos causas de la inflación proponen dos tipos de medidas. Por un lado, subir los tipos de interíés, es decir, el precio del dinero. Si íéste se encarece, habrá menos demanda de medios de pago y, además, los que tengan dinero estarán más interesados en ahorrarlo (puesto que el ahorro será mejor retribuido al subir los tipos de interíés) y, por tanto, consumirán menos. El efecto será una disminución del dinero en circulación que, según la hipótesis de partida, contribuirá a que bajen los precios.
Además, si se controlan los salarios, las empresas no tendrán la presión sobre los costes y no se verán obligadas a trasladar esa subida de salarios a los precios. Parece que estas medidas son de una lógica aplastante pero detrás de ellas hay elementos que conviene tener en cuenta para entender su verdadera naturaleza. Empecemos por sus consecuencias inmediatas. Casualmente, benefician a los propietarios de capital. Cuando se elevan los tipos de interíés los poseedores de dinero (y sobre todo los bancos) reciben más renta y cuando se controlan los salarios es el excedente empresarial el que aumenta. Aplicando esta política, por tanto, lo que se hace es aumentar directamente las ganancias de los más poderosos y privilegiados. Por supuesto, hay que preguntarse si, pese a este efecto tan asimíétrico, tienen, al fin y al cabo, un efecto a la hora de controlar la inflación. La respuesta es fácil: efectivamente, permiten controlar la inflación pero a costa de reducir la marcha de la economía, es decir, de disminuir la actividad económica.
Es fácil de entender: cuando los tipos de interíés se elevan, se encarece el acceso al críédito. Los bancos y los ahorradores ganarán más pero los empresarios que necesitan dinero ajeno para financiar sus empresas, para mantener el empleo y la inversión, tendrán que soportar costes financieros más elevados, y eso les llevará a disminuir su actividad. Además, los consumidores que ven cómo sus rentas salariales pierden poder adquisitivo y que se encarecen los posibles críéditos al consumo que pudieran tener a su disposición, reducen sus compras de bienes y servicios.
Es posible que entonces, cuando disminuyan las ventas, los precios bajen o, al menos, que se frene su subida pero habrá sido a costa de una menor actividad, de menor empleo, de menor inversión... En conclusión, estas políticas recuerdan el chiste de aquel cirujano al que le preguntaron sobre la operación que acababa de realizar: “Magnífico -dijo-. Ha sido una operación perfecta. Lástima que el enfermo haya muertoâ€. Las políticas liberales contra la inflación hacen lo mismo: controlan los precios matando a la economía. Y aquí viene otra paradoja. Resulta que a los grandes capitales, a los poderosos que se benefician de estas políticas, no le viene nada mal que muera el enfermo, es decir, que haya menos actividad económica y, sobre todo, que se pierda empleo. Cuando más paro hay es más fácil que las empresas venzan a los trabajadores a la hora de negociar las condiciones laborales y salariales y, en suma, que puedan aumentar los beneficios a su costa.
La llamada “mayor reforma desde el crack del 29†apenas cambia el sistema financiero
Con el fin de superar la crisis yevitar nuevos episodios, el secretario del Tesoro (equivalente a ministro de Economía), Henry Paulson, ha propuesto un programa del que se viene hablando como “la mayor reforma en las instituciones financieras desde el crack del 29â€. Paulson propone la creación de un gran regulador financiero, que supervise las prácticas de todo tipo de instituciones financieras (banca comercial, banca de inversión, hedge funds...) para proteger a consumidores e inversores. Este regulador único podría formarse con la fusión de varias comisiones de control ya existentes. Además, aumentarían las competencias de inspección de la Fed y se unificaría la legislación federal sobre la práctica bancaria. Este conjunto de medidas ha sido comparado con el puesto en marcha en 1933 por el presidente Roosevelt.
El programa, conocido como New Deal, tenía como objetivos recuperar el poder adquisitivo de los estadounidenses y aliviar los problemas causados por la Gran Depresión. El programa consistía en mayor intervención por parte del Estado, y entre sus medidas destacaban los subsidios a granjeros y trabajadores migrantes, programas de protección sindical, y la ley de Seguridad Social, que dieron lugar al “estado de bienestar federalâ€. El anuncio de las nuevas medidas fue acogido con gusto por la corporación de empresas SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association). Timothy Ryan, su presidente, declaró que estos planes reemplazan a los de “la Gran Depresión, que no estaban adaptados al ambiente actual, donde billones de dólares se mueven con un click en un ratónâ€. Paulson utilizó tambiíén el argumento de la creciente dificultad para defender su programa: “Las realidades actuales en los mercados de valores y de futuros hacen cada vez más difícil racionalizar regímenes regulatorios separadosâ€.
Sin embargo, otros analistas desconfían de estas medidas. John Dearie, vicepresidente de Financial Services Forum (conglomerado que agrupa grandes instituciones financieras en EE UU), considera que “serán demasiados órganos inspeccionando lo mismoâ€. Las críticas coinciden en un punto: ninguna de las medidas significa nada nuevo. Bill Isaac, ex presidente de la Federal Deposit Insurance Corp., declaró que “ha habido propuestas como íésta durante los últimos 50 años, y no se ha hecho nada porque hay demasiados intereses en el status quo actualâ€.
La analista Nomi Prins va más allá: “Todas las sugerencias son cosmíéticas†y añade: “La Reserva Federal, cuyo trabajo ya consiste en regular gran parte del sistema financiero, ha fracasado en su tarea. La solución propuesta, darle más responsabilidad, parece ridícula y peligrosaâ€.
No en vano, íéste es uno de los puntos del programa que genera más controversia, ya que en la Junta de Gobierno de la Reserva Federal participan grandes bancos privados. Con los nuevos poderes asignados en el programa de reformas, la Fed, y por tanto, los bancos privados que participan en ella, tendrán la autoridad de inspeccionar a otras entidades financieras y de “indagar en el sistema allá donde estimara oportuno si lo cree necesario para profundizar en su labor de preservar la estabilidadâ€, según el propio Paulson, lo que podría dar lugar al tráfico de información privilegiada.
