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Autor Tema: La Justicia acorrala a los alcaldes morosos con multas a su patrimonio  (Leído 194 veces)

Eguzki

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El TSJ de Andalucí­a se ratifica: un alcalde deberá abonar a un empresario las deudas del Consistorio con sus propios fondos tras haber demorado pagos por más de una díécada.

La Justicia da una ví­a de escape a los empresarios que sufren la morosidad de los ayuntamientos justo despuíés de los comicios del 22-M. En agosto del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucí­a (TSJA) establecí­a en un auto pionero que el alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla) tendrí­a que pagar las deudas que tení­a contraí­das con la empresa Aroa S. L. en 30 dí­as. Si no, el alcalde y el secretario del municipio estarí­an obligados a responder con multas coercitivas sobre sus propios bienes personales (como adelantó EXPANSIí“N el pasado 9 de agosto).

Sin embargo, el primer edil, que llegó a plantear al empresario que le pagarí­a en 10 años y con solares del municipio, consiguió paralizar la ejecución de la sentencia con un recurso. Ahora, nueve meses despuíés, acaba de ser desestimado y ya “no cabe recurso de casación frente al mismo”.

Las razones que argumenta la Sala de los Contencioso-Administrativo son tajantes. “La reiteración actual de argumentos ya expuestos con anterioridad por parte del Ayuntamiento carece de sentido”. “La parte actora (la empresa) sufre graves dificultades económicas (...) y, en todo caso, es el que ha ejecutado obras a favor del ayuntamiento demandado y goza de derecho a cobrarlas de conformidad con lo establecido en el Ordenamiento Jurí­dico de este Estado”.

El TSJA señala que las “dificultades de Tesorerí­a” del ayuntamiento “no pueden constituir, en este caso, a la vista de lo actuado, un obstáculo insalvable”.
Ya no es el único caso de este tipo, aunque todaví­a son escasos. El vicepresidente de ATA en Andalucí­a, Rafael Amor, señala que el problema que surge es que muchas pymes no se pueden permitir se tener un abogado, y “no tienen derecho a uno de oficio”.

La decisión del Tribunal sólo se frenarí­a, según los abogados consultados, si cambia el equipo del consistorio, ya que la responsabilidad del alcalde es “personal”. Sin embargo, el secretario del ayuntamiento sí­ seguirá afectado hasta que se pague la deuda.

El auto “firme” llama la atención en un momento en el que ATA denuncia que la Ley de Morosidad es la que tiene más “insumisos”. Según Guillermo Ramos, director de la oficina de Malaga de Ernst & Young Abogados, el auto pone de manifiesto que “lo que no pueden hacer los ayuntamientos es no hacer nada ante las situaciones de morosidad”, sino que deben actuar como las empresas privadas, ser más transparentes y transmitir seguridad.

Más deuda tras las elecciones
El problema de la morosidad del sector público, en vez de solucionarse, aumentará por culpa de las elecciones locales y autonómicas que acaban de celebrarse. Al menos, de forma inmediata. Según el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, “todos los pagos están paralizados” en el periodo hasta la formación de los nuevos ayuntamientos, que tendrá lugar en las próximas semanas.

Esta federación se atreve incluso a calcular cómo les afectará el periodo en el que está paralizada la administración local: si actualmente el sector público paga con 158 dí­as de retraso, en julio esta cifra podrí­a elevarse de media a 170 dí­as. Lo mismo ocurre con la cuantí­a de la deuda: ATA estima que las administraciones deben 12.000 millones de euros a los pequeños empresarios, una cifra que podrí­a elevarse a cerca de 14.000 millones en sólo varios meses.