El Consejo de Administración del Real Club Celta de Vigo decidió acogerse a la Ley Concursal como vía para intentar reducir la deuda acumulada, que el pasado 30 de junio de 2007 estaba cifrada en 84 millones de euros.
Ello sin contar las píérdidas originadas por la temporada que está a punto de finalizar, que el club viguíés terminará sin haber conseguido el ascenso a Primera.
El club viguíés explica en un comunicado de prensa que "con esta medida el consejo pretende construir un club sólido en el aspecto deportivo, estable en el económico y con una esperanzadora proyección de futuro".
Además, alega que la medida se adoptó "por unanimidad de los consejeros presentes" y que a partir de ahora el club "trabajará con intensidad para poner en marcha el plan de viabilidad que garantice la existencia de un Celta saneado y competitivo".
En dicho plan de viabilidad se incluye la negociación con los dos grandes acreedores, Hacienda y la entidad bancaria Caixanova.