Liberalizar cuanto antes el mercado del suelo para evitar que los precios vuelvan a subir una vez superada la crisis y se produzcan nuevas burbujas en el sector inmobiliario. Esa es la idea fundamental que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) quiere trasladar al Gobierno con el objetivo de que se reduzca cuanto antes la excesiva carga normativa que pesa sobre el mercado.
El organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós está preparando un informe -el objetivo es presentarlo antes de final de año- en el que insistirá en la necesidad de acometer una reforma en profundidad que permita, entre otras cosas, consolidar la bajada de precios.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en el informe se insistirá en que "la rígida regulación a la que se halla sometida la utilización del suelo en España es la principal causa del elevado precio que sigue teniendo el mismo", a pesar de la caída registrada en los últimos años como consecuencia del descenso de la demanda.
Para la CNC, "ello, sin duda, afecta negativamente a la actividad económica y al empleo, puesto que el alto coste del suelo desincentiva la implantación de actividades productivas y daña la competitividad de las empresas".
Monopolio urbanístico
Competencia considera que uno de los grandes problemas a los que se sigue enfrentando el mercado inmobiliario en España es que la oferta de suelo está limitada por el monopolio que ejercen los ayuntamientos. Aunque, de acuerdo con las fuentes consultadas, su propuesta no incluirá la retirada de competencias a la administración local, el informe sí que va a hacer un especial hincapiíé en la necesidad de liberalizar el suelo mediante cambios legislativos.
El objetivo es reforzar el abaratamiento de la vivienda, introduciendo cambios en el ríégimen de valoración para que la mayor parte del suelo en España sea urbanizable.
Y no es, de hecho, la primera vez que se pronuncia en este sentido. El antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, antecesor de la actual CNC, elaboró ya un informe en 1995 sobre el grado de liberalización de los distintos sectores en España en el que criticaba la limitación a los usos del suelo, restringiendo las zonas en las que se podía edificar.
Ya entonces se aseguraba, por ejemplo, que "el problema del elevado precio de la vivienda en España radica, en buena medida, en la escasez de suelo derivada de una regulación rígida, que estrangula el mercado". Al igual que hará ahora la CNC, el antiguo Tribunal de la Competencia reclamaba reformar la regulación del suelo, de manera que se incrementara la oferta de suelo urbanizable y se flexibilizara su uso.
Con ello, según decía, "su precio bajaría y se favorecería una mayor oferta de viviendas". De este modo, "si se dejara actuar al mercado, no sería necesario destinar un volumen tan elevado de recursos a financiar la política de vivienda, porque la mayoría de los españoles podría adquirir su vivienda sin necesidad de recibir subsidios públicos". Al igual que sucede ahora, con ello sería posible reducir el díéficit público o financiar otro tipo de gastos sociales cuya viabilidad hoy en día se pone en entredicho.
El problema añadido sigue siendo además la caída de la demanda ante la píérdida de poder adquisitivo de los españoles y el cerrojazo del críédito bancario. Entre enero y junio de 2012 se han vendido así en España 163.538 viviendas, lo que supone una caída del 20 por ciento en tasa anual y la cifra más baja de la serie histórica que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde el año 2007.
Agilizar el alquiler
De momento, y a la espera de lo que pueda hacer el Gobierno una vez que se haga público el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, lo que se han aprobado ya son medidas para agilizar, al menos, el mercado de alquiler.
Con el objetivo de bajar los precios y buscar el equilibrio entre arrendador y arrendatario se ha puesto en marcha un proyecto de ley que propone un modelo de desahucio expríés, por lo que en cuanto un inquilino deje de pagar un mes de alquiler podrá ser desahuciado en un plazo de sólo diez días.
Si en ese periodo de tiempo, el arrendatario no paga la deuda contraída, no presenta alegaciones, o estas no son satisfactorias, el juez tendrá poder para dictar la resolución de forma inmediata. Con esta medida la ministra de Fomento, Ana Pastor, pretende "dinamizar el mercado" y situar la tasa de viviendas alquiladas, que actualmente ronda el 17 por ciento, cerca de la media europea, que se encuentra en el 30 por ciento, según Eurostat.
