La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige a notarios y registradores de la propiedad que devuelvan los cerca de 400 millones de euros cobrados indebidamente a sus clientes en las operaciones de cancelación de hipoteca realizadas en los últimos años. La OCU considera que este colectivo profesional no puede «demorar ni un momento más» la restitución de las cantidades recaudadas de más «a cientos de miles de consumidores» tras una resolución de la Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo en este sentido.
En septiembre de 2011, tras un estudio realizado por la OCU en el que se detectaban cobros excesivos en el 92% de las facturas analizadas en cancelaciones hipotecarias, la asociación de consumidores presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigara esta «conducta irregular». La OCU descubrió que, durante el período comprendido entre diciembre de 2007 y mayo de 2012, los notarios tenían que cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual fuese el importe de la hipoteca cancelada, cantidad que sumada a los demás conceptos llegaba a una cifra final de unos 70 euros. Sin embargo, el importe medio de las facturas era de 260 euros.
Según la OCU, la Fiscalía había suspendido las diligencias incoadas mientras el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por los colegios de notarios y registradores contra la reducción en un 5% de la cuantía de sus aranceles, como parte de las medidas aprobadas para la reducción del díéficit público. Una vez conocida la sentencia desestimatoria del Alto Tribunal, el Ministerio Público ha reabierto el caso y ha concluido dando la razón a la OCU.
