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El activista social indio Anna Hazare acusó hoy al primer ministro Manmohan Singh de traicionar la idea de crear una fuerte oficina anticorrupción y advirtió al gobierno que de soslayarla convocará a nuevas manifestaciones de protesta.
Si el Parlamento no aprueba el proyecto de ley Jan Lokpal antes de las elecciones del 2014, realizaremos otras concentraciones en Ramlila Maidan (una plaza pública del centro de Delhi), dijo al inaugurar su nueva oficina aquí.
Seguidor de Mahatma Gandhi y de su táctica de la "satyagraha" (desobediencia civil no violenta), Hazare, de 75 años, realizó en abril y agosto del año pasado sendas huelgas de hambre que movilizaron a millones de ciudadanos en toda la India. Resentida su salud, hizo un alto en las protestas.
"Nuestra lucha continuará hasta que el gobierno apruebe el Jan Lokpal. Haríé campaña por todo el país para tratar de elevar la conciencia de la gente. Voy a tratar de traer un cambio", apuntó este domingo.
Junto a los 15 miembros de su nuevo equipo y a un nutrido grupo de seguidores, el luchador social anticipó que iniciará una campaña nacional contra la corrupción el 30 de enero, coincidiendo con el 64 aniversario de la muerte de quien considera su inspirador.
"Gandhi dijo que para cambiar el país, primero debemos cambiar a nuestra gente (...) Ha llegado el momento de llegar a todas las casas del país y difundir el mensaje de lucha contra la corrupción. Tenemos que trabajar para una India libre de corrupción", subrayó.
En septiembre, Hazare anunció la disolución de su anterior equipo y se separó de Arvind Kejriwal, uno de sus principales asociados, quien optó por crear un partido político centrado en el combate a la corrupción.
El activista social dijo hoy que íél y Kejriwal persiguen un mismo objetivo, pero acotó que no tenía fe en el camino que sigue su antiguo compañero.
Desde hace un par de años el gobierno y Singh en lo personal están bajo el asedio de la oposición y de la sociedad civil en torno al tema de la corrupción.
Entre los casos más sonados, el relacionado con el reparto fraudulento de licencias de móviles de segunda generación, cuyas píérdidas se calculan en 40 mil millones de dólares, aún se ventila en los tribunales.
El último escándalo estalló el 17 de agosto, cuando la Contraloría y Auditoría General reveló que el gobierno había asignado a 25 empresas privadas 194 bloques de carbón sin sacarlos a licitación y a precios irrisorios, lo que causó al erario píérdidas estimadas en 37 mil millones de dólares.
