Agbar estudia personarse como parte interesada en el proceso legal que se iniciará cuando la Generalitat recurra la decisión de su propio í“rgano Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente de la Conselleria de Presidencia, contra la venta de Aigí¼es del Ter-Llobregat (ATLL). Fuentes cercanas al proceso han explicado que Agbar, como parte afectada, tiene derecho a concurrir en la batalla legal.
En la misma situación se encuentra Acciona, pero el efecto jurídico es muy diferente. La compañía fue la ganadora de la privatización y su actuación iría en una línea similar a lo que defiende la Generalitat: que la privatización es válida y que el consorcio liderado por el grupo controlado por la familia Entrecanales y el banco brasileño BTG Pactual debe gestionar la ATLL.
En cambio, desde Agbar se apoya que la revocación de la privatización es válida. Por lo tanto, si se personase ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es el órgano judicial competente para este caso, el proceso se alargaría todavía más.
Como la decisión del í“rgano Administrativo de Recursos Contractuales, integrado por un único funcionario, es vinculante, la única alternativa que le ha quedado a la Generalitat es recurrir contra su propio organismo independiente. La situación es absurda desde un punto de vista legal, pero el proceso se alargará aún más si Agbar, como todo apunta, se suma finalmente a la batalla legal.
Agbar, al contrario que la Generalitat y Acciona, defiende la resolución del organismo de Presidencia de revocar la adjudicación de ATLL y dejar su oferta como la única válida. Dado el carácter combativo del presidente de Agbar, íngel Simón, en medios empresariales se da por hecho que Agbar seguirá litigando.
Acciona tambiíén estudia medidas legales
Fuentes de Agbar aseguran que todavía no se ha tomado una decisión y que, en cualquier caso, se mantienen a la espera de que la Generalitat, que es la que ha anunciado el recurso, díé el primer paso. En todo caso, la batalla legal se prevíé larga, dado que Acciona tambiíén ha avanzado que el consorcio que lidera tambiíén está estudiando las pertinentes medidas legales.
Entre estas medidas se encuentra una posible petición de daños y perjuicios a la Generalitat por revocar la concesión sólo seis días despuíés de haber cobrado 298 millones de euros correspondientes al primer pago. Fuentes cercanas a la operación señalan que los gastos asociados a la operación -abogados, notaría, asesores- han sumado 95 millones de euros. La Generalitat no cuenta con fondos ni para retornar lo cobrado, ni para asumir los gastos asociados a una privatización que da la concesión de ATLL durante 50 años por un total de 995 millones.
Tres perdedores
La situación es caótica para los tres protagonistas que, para colmo, se enfangarán en una batalla legal que se prevíé larga. Acciona por ahora se queda con la concesión, pero sujeta a la incertidumbre de lo que decidan los tribunales; Agbar, de momento, no podrá acceder a la gestión de ATLL hasta que se aclare el embrollo judicial y la Generalitat sufre un fuerte desprestigio entre los inversores y los mercados para futuras privatizaciones.
La privatización de Tabasa y Túnel del Cadí ya topó con muchos recelos. Por eso, el concurso quedó desierto y sólo en un diálogo posterior con Abertis se pudo llegar a cerrar el acuerdo, todo ello con la empresa concesionaria de autopistas dividida entre los directivos favorables a la participación y los contrarios, que tambiíén los ha habido.
