El proceso de revisión de las ayudas concedidas a empresas y otras entidades por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía durante una díécada a travíés del fondo para sociedades en crisis que originó el caso de los ERE está arrojando un resultado desigual. Es la Administración regional la que inicia el procedimiento de "revisión de oficio", pero el Consejo Consultivo de Andalucía tiene que pronunciarse finalmente sobre la legitimidad de las ayudas, que en muchas ocasiones se concedieron con una escasa documentación justificativa.
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo dice tener constancia de 138 dictámenes del Consultivo desde junio de 2012. De ellos, en 124 casos se declara "la nulidad de las ayudas concedidas" porque, tal y como ha señalado en varias ocasiones el Consultivo, las subvenciones se dieron "con carencia absoluta de procedimiento". Solo en 14 de los expedientes se ha decretado el archivo de esa revisión de oficio o se ha rechazado la validez del proceso, con lo que se cierra una vía administrativa para que el dinero vuelva a las arcas públicas.
Según los datos aportados por la Consejería de Economía, los 124 dictámenes en los que se declara la nulidad de la concesión de las ayudas suponen 56,22 millones de euros, que la Administración puede reclamar con el aval del Consejo Consultivo. Lo llamativo de este asunto es el volumen que suponen los 14 expedientes de revisión que han sido archivados por el Consultivo: 32,5 millones.
Esta desproporción se explica por la presencia de dos grandes sociedades entre los 14 expedientes archivados: Hitemasa y Comercial Alimentaria Dhul SL. En el caso de la empresa malagueña, la firma textil recibió de Empleo 15,9 millones destinados al pago de las pólizas de 213 trabajadores prejubilados en 2001. Comercial Alimentaria Dhul SL recibió otros 11 millones para expedientes de regulación de empleo.
En Hitemasa tambiíén se localizaron intrusos que no debían haberse beneficiado de las ayudas de la Administración. El Consultivo, además, apreció "irregularidades formales" en la concesión. Pero este órgano fiscalizador decidió archivar el expediente de reintegro al entender que no se podía perjudicar a los trabajadores que sí reunían los requisitos para acceder a este tipo de ayudas. La Junta, cuando presentó el caso en el Consultivo, tambiíén pidió su archivo.
Al margen de los 138 expedientes con dictamen, la Consejería de Economía afirma que se están tramitado 72 más. De ellos, 50 se han tenido que reiniciar este 2013 por presentar defectos formales en la tramitación. La Consejería de Economía no aclara cuánto dinero es el que se ha recuperado tras los pronunciamientos del órgano consultivo. Está previsto que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, comparezca el jueves en el Parlamento regional —tras pedirlo el PP— para informar sobre los ingresos realizados en la Tesorería de la Junta de Andalucía por reintegros de "pagos indebidos" derivados de las ayudas concedidas al amparo del programa 31L, la partida del caso de los ERE que estuvo dotada de 721 millones.
La semana pasada el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, sostuvo que su formación pedirá que en los Presupuestos de la Junta se detalle el dinero defraudado por casos de corrupción que se prevíé recuperar y el uso finalista que se le dará a esos fondos adicionales.
La tramitación de los expedientes de revisión de oficio se ha convertido tambiíén en un campo de batalla entre PSOE y PP. El portavoz del grupo popular en el Parlamento regional, Carlos Rojas, acusó la semana pasada a la Junta de practicar un "doble discurso". En su opinión, la presidenta andaluza, Susana Díaz, "en la calle quiere aparentar acabar con la corrupción pero desde su despacho marca una estrategia para pedir al Consejo Consultivo que archive los expedientes de recuperación de las ayudas". Los populares aportaron para sostener su tesis cuatro dictámenes del Consultivo en los que este órgano rechaza archivar los expedientes, como había solicitado la Junta.
El Gobierno andaluz rechaza las acusaciones del PP. Además de resaltar que los expedientes de revisión los tramitan "funcionarios independientes", la Consejería de Economía recuerda que "en casi el 90% de los casos se ha dictaminado a favor de la revisión de oficio y, por tanto, al reintegro". Además, este departamento desvincula a Susana Díaz de los cuatro expedientes citados por los populares: "La solicitud del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los cuatro dictámenes indicados se produjo con fecha 24 de julio de 2013, fecha anterior a la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta".
