¿Ha hecho 'caja' Alba en los últimos meses para poder participar sin agobios en la privatización de Aena como uno de los socios institucionales que el Gobierno busca para que le acompañe en la aventura? Las cifras de cierre del primer semestre muestran que la compañía tiene una holgada posición de liquidez que se ha ido construyendo poco a poco en estos meses.
El grupo liderado por la familia March ha aparecido desde el principio como uno de los posibles integrantes del núcleo duro que el Gobierno quiere construir para dar una apariencia de modernidad y potencial independencia en la privatización parcial de Aena que quiere llevar a cabo antes de que acabe el año. La Corporación Alba tenía, al cierre del semestre, una tesorería superior a los 520 millones de euros, con un aumento de 170 millones respecto al cierre del primer trimestre del ejercicio. Una parte importante de este aumento de la liquidez se debe a la venta de un 3,7% del capital de ACS llevada a cabo en el periodo y que supone que el grupo mallorquín tiene ahora el 11,3% de la constructora y ha dejado de ser el primer accionista de la misma.
La idea de constituir un núcleo duro de accionistas privados nacionales ha sido manejada desde el principio por parte de los actuales gestores de la compañía propietaria de los aeropuertos españoles incluso cuando estos lo que querían era que se privatizara una mayoría del capital de la sociedad (en torno al 60%) y no solo el 49% como finalmente se va a hacer. Con la constitución de un núcleo duro de inversores instituciones nacionales se trataba de garantizar que la compañía no acabara en manos de terceros no deseados y que de alguna forma se pudiera defender con íéxito el interíés general (en especial que no hubiera demasiadas tentaciones por racionalizar la red de aeropuertos cerrando los no rentables). La participación que conservara el Estado más la del núcleo duro proporcionaría esas garantías.
A pesar de esa posibilidad el Gobierno ha optado por mantener la mayoría del capital en su poder, al menos en una primera etapa, y por ello retendrá el 51% y solamente sacará a Bolsa el 49%, que se repartirá entre un 21% para el núcleo duro y el 28% restante para el público en general y otros inversores institucionales. No acaba de entenderse la razón última que justifica que se siga manteniendo la figura del núcleo duro una vez que el Estado va a tener la mayoría absoluta de la sociedad ni tampoco por quíé exige que estos mantengan la inversión al menos durante el primer año.
El Gobierno tiene ahora un mes para identificar a los posibles miembros del núcleo duro y elegir a quienes formen parte finalmente de íél. Desde el principio se ha dado por supuesto que el Grupo March ha estado encuadrado en esa lista reducida de posibles integrantes y desde su entorno no se ha querido ni negar ni afirmar estar interesados en pertenecer al mismo. Se han limitado a ‘dejarse querer’ señalando en todo momento que su decisión dependerá de las condiciones que se acaben ofreciendo para entrar en la compañía y manifestando que no ha habido acercamientos formales, ni siquiera invitación a considerar su posible incorporación al núcleo.
Análisis de las condiciones
Entre las condiciones que analizarán destacarán especialmente el precio que se fije finalmente para la acción, la remuneración inicial por dividendo estará próxima al 5% según declaró el presidente de la compañía aeroportuaria en el momento en que se dio el pistoletazo de salida de la operación de Bolsa, y el papel que el Gobierno vaya a dejar jugar a los accionistas estables de la compañía. La Corporación Alba tiene como filosofía inversora el poder influir en la gestión de las compañías en las que arriesga sus recursos. No busca participar directamente en la gestión ni controlarlas totalmente pero sí quieren no ser considerados exclusivamente como unos meros socios financieros. De hecho, han dado muestra de ello al salir de compañías rentables y en expansión pero en las que la concentración del accionariado era de tal magnitud que no tenían ninguna oportunidad de influir en la gestión de las mismas.
Suelen tener una participación ligeramente superior al 10% en las compañías cotizadas en las que participan porque entienden que precisamente un porcentaje de esa magnitud suele ser suficientemente importante como para poder influir en la marcha de las sociedades. En el caso de Aena, con el Estado con el 51% en su poder, eso es más discutible.
Ser coinversores con el Estado es algo que están experimentando en Indra desde que la SEPI adquirió a Bankia su paquete de acciones y se convirtió en el primer accionista de la compañía tecnológica. Alba, sabiendo que Bankia tenía que desinvertir para cumplir con sus compromisos de recapitalización y saneamiento adquiridos con la Comisión Europea, consideró inicialmente incrementar su participación en Indra (supera ligeramente el 11%) pero la decisión se paralizó cuando entró el Estado en la compañía.
Los datos de cierre del semestre muestran que la corporación no tendría especial problema de tesorería para abordar su posible entrada en el capital de Aena sin tener que recurrir a endeudarse. A finales de junio disponía de 520 millones de euros líquidos. No se conoce el precio al que el Estado colocará finalmente el 49% del capital pero los cálculos iniciales hablan de que podría ingresar en torno a unos 2.500 millones de euros por todo el paquete.
El núcleo duro podrá optar hasta un 21% pero ningún accionista de ellos podrá tener más del 11%. El pliego de condiciones establece que quienes quieran entrar en el núcleo duro deberán estar dispuestos a comprar al menos el 5% y un máximo del 11%. Es decir, este grupo estará formado por un máximo de cuatro inversores y un mínimo de dos. Si los precios de colocación se acercan a lo que se calcula ahora, comprar el máximo posible supondría tener que invertir 560 millones de euros, cifra ligeramente superior a la tesorería que declara tener ahora Corporación Financiera Alba.
