Por... Javier Rodriguez Roque
La intención oficial de utilizar los fondos depositados en las cajas de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) causó una crisis iníédita en su dirigencia y provocan hoy protestas y acusaciones de corrupción en Paraguay.
El escándalo estalló con la renuncia de Aníbal Filártiga como presidente del Instituto apenas a 11 días de su nombramiento por el presidente de la República, Horacio Cartes, y su denuncia de que la corrupción mina el organismo y era impotente para vencer a los poderosos allí reinantes. La dimisión de alguien tan cercano a Cartes e incluso familiar de uno de sus asesores más importantes llevó a interrogantes por su famosa frase de que el IPS es una manzana jugosa a la cual todos quieren darle una mordida.
El tema, denunciado en el Parlamento por los senadores del Frente Guasú y otros partidos progresistas, es el interíés del Poder Ejecutivo de utilizar los fondos acumulados en las cajas a las cuales aportan los trabajadores, para invertirlos supuestamente en obras de infraestructura.
Eso sucede, además, a pesar de la crisis asistencial que atraviesa el Instituto con sus hospitales carentes de medicamentos e insumos, señalamientos por los sindicatos de elementos de corrupción y una huelga general anunciada por ellos para dentro de ocho días.
Los problemas existentes apuntan, además, a la falta de cumplimiento de muchos empresarios en el aporte que deben hacer a la par de sus trabajadores para la jubilación de ellos e incluso su atención míédica.
En Paraguay solo la quinta parte de la población se encuentra debidamente protegida en salud y con ingresos en la vejez gracias a sus aportes al IPS, aunque ahora los incumplimientos se multiplican.
A pesar de todo esto no es poco el jugo de la famosa manzana pues apenas cuatro cajas jubilatorias poseen más de mil 740 millones de dólares y esos son los fondos que se pretende usar discrecionalmente por el gobierno.
Filártiga no quiso, según sus palabras, tener que ver con esa supuesta operación gigante apoyada en una ley donde se faculta al Ejecutivo para disponer de los recursos.
El funcionario partió raudo del cargo, pero ahora los sindicatos del sector anunciaron su oposición firme a tal estrategia en ciernes, una de las consignas que encabezará la huelga de tres días a desatarse el 30 de septiembre.