El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy, durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación, la creación de una nueva bonificación para la contratación de trabajadores indefinidos. En concreto, cuando el próximo 31 de marzo termine la vigencia de la actual tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social para las contrataciones indefinidas, entrará en vigor una nueva ayuda que dejará exentos de cotización los primeros 500 euros del salario de los nuevos trabajadores fijos.
A diferencia de la actual tarifa plana, la nueva ayuda será progresiva, esto es que la cotización irá en aumento cuanto mayor sea el sueldo. En la actualidad, la tarifa de 100 euros primaba la contratación de sueldos más altos frente a los más bajos. Según ha explicado el Gobierno, para los sueldos más bajos esto supondrá una rebaja del 70% de la cotización; los salarios de 1.000 experimentarán una reducción del 50% y los más elevados, un recorte de las cuotas de cerca del 14%.
Asimismo ha anunciado otras rebajas de cotizaciones sociales para incentivar la creación de empleo. Se trata de extender a los autónomos la figura denominada 'coste cero' para la sustitución de trabajadores de baja por maternidad o cuidado de mayores dependientes. Rajoy avanzó la creación de una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes a los autónomos que contraten un trabajador porque deban reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores dependientes.
En materia fiscal, el presidente del Gobierno explicó que se ampliarán las ayudas (impuestos negativos) en vigor desde el 1 de enero para familias numerosas y las que tienen a su cargo ascendientes o descendientes discapacitados. Estos cheques familiares de 1.200 euros al año se extenderán a las familias monoparentales con dos hijos. Esta ayuda se mantendrá hasta que los hijos tengan 21 años o 25 si son estudiantes.
Tal y como se esperaba, Rajoy tambiíén detalló las líneas generales que recogerá la próxima Ley de segunda oportunidad. Esta futura norma permitirá a las personas físicas no empresarias utilizar la figura del acuerdo extrajudicial de pagos, un mecanismo simplificado por el cual empresarios y pymes ya pueden negociar con sus acreedores antes de recurrir al concurso de acreedores.
Además, se establecerán reglas de procedimiento especialmente siplificadas para estos particulares (plazos de designación, convocatorias de acreedores espeicalmente reducidos y y se reducirán los aranceles notariales y registrales).
Igualmente, las familias deudoras podrán exonerar las deudas remanentes tras la liquidación de sus bienes, en el marco del procedimiento concursal. Tambiíén se simplificará el uso de los "acuerdos extrajudiciales de pagos" y se reducirá de 15 a 5 años el plazo de prescripción de reclamaciones de deudas.
Finalmente, en esta materia, el Gobierno ha anunciado que modificará el Código de buenas prácticas bancarias, para que un mayor número de familias se beneficien de las reestructraciones viables de dedua y las daciones en pago. Este código incluirá una cláusula para permitir la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo.
Supresión de las tasas judiciales
El Gobierno tambiíén anunció una revisión del sistema de tasas judiciales mediante la cual se suprimirán las que afectan a las personas físicas en todos los órdenes e instancias. Esta iniciativa aparece en el documento que ha distribuido el Ejecutivo con las principales medias anunciadas en el debate del estado de la nación.
El texto explica que “en el marco de la creciente recuperación económica†las personas físicas “quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instanciasâ€. La revisión de las tasas judiciales fue uno de los principales compromisos que adquirió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su llegada al departamento el pasado mes de septiembre. Catalá ha manifestado en multitud de ocasiones que iba a revisar la aplicación de las tasas judiciales y que, en caso de que limitasen el acceso de los ciudadanos a la Justicia, procedería a su modificación, pero nunca a su retirada.
La Ley de Tasas Judiciales fue uno de los principales proyectos aprobados por las Cortes, con el único apoyo del PP, durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia y marcó un antes y un despuíés en las relaciones entre el Ministerio y la Judicatura. Desde su aprobación, en noviembre de 2012, la norma se ha convertido en el blanco de los ataques de jueces, fiscales y abogados así como de todos los grupos de la oposición parlamentaria que consideran que las tasas vulneran el acceso a la tutela judicial efectiva y exigen su derogación.
La oposición y los operadores jurídicos tambiíén han reclamado al Gobierno que díé explicaciones sobre el destino del dinero recaudado hasta la fecha con las tasas judiciales, más de 512 millones de euros. En este sentido, el Ejecutivo se comprometió a destinar el dinero recaudado a la financiación de la justicia gratuita, si bien la oposición denuncia que todavía no se ha transferido ninguna cantidad al respecto.
Nueva oficina para la recuperar “lo robadoâ€
Entre los anuncios hechos por Mariano Rajoy está la creación de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos. O como íél mismo la definió “oficina para la recuperación de lo robado". Se trata de una entidad multidisciplinar que se ocupará de localizar bienes, efectos y ganancias provenientes del delito o vinculados con actividades delictivas para obtener de ellos el mayor rendimiento posible. Además se amplíará la regulación de la figura del decomiso, de forma que se amplíe a todo el patrimonio del pendado que se presuma que proviene directa o indirectamente de acciones delictivias, incluso a los bienes que haya transferido a un tercero.
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Lista de morosos y más inspecciones laborales
Aumentar los ingresos públicos es ya un mantra entre los miembros del Gobierno. Para ello, Mariano Rajoy mencionó la reforma de la Ley General Tributaria, que incluirá medidas como la publicación, a fin de año, de la lista de morosos de mayor cuantía con Hacienda, algo que ya se anunció a finales de 2012. Tambiíén ampliará con carácter general, a 18 meses el plazo del procedimiento de inspección, y reforzará las sanciones por contrabandos. Asimismo, el Ejecutivo pretende reformar tambiíén la ley que regula la Inspección de Trabajo para intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude, “con una mayor coordinaciónâ€.
Reuters
