EFE
Una comisión investigadora del Congreso de Perú consideró que existen "indicios razonables" de que el expresidente Alan García y varios funcionarios de su segundo Gobierno conformaron una asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber interferido en la investigación de un caso de espionaje telefónico.
El informe de la llamada "megacomisión" que investigó las presuntas irregularidades presentadas durante el segundo Gobierno de García (2006-2011), fue expuesto hoy ante el Pleno del Congreso por el legislador Sergio Tejada, quien la presidió.
El grupo de trabajo consideró que García y sus exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca fueron responsables de una supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa Business Track (BTR), dedicada a un espionaje telefónico que fue descubierto en 2008.
Señaló que el objetivo de esas autoridades fue obstaculizar la labor de la justicia para evitar que se aclaren las denuncias de escuchas telefónicas realizadas por BTR.
"De acuerdo con el informe en mención, los involucrados habrían conformado una asociación ilícita para delinquir con el propósito de obstaculizar la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de los hechos vinculados a las actividades ilegales de interceptación telefónica de la empresa Business Track SAC y de evitar el conocimiento público de las grabaciones telefónicas", indicó.
Señaló que estos audios "mostrarían la interferencia y participación de miembros del gobierno y Partido Aprista Peruano en los contratos de las empresas estatales en materia de hidrocarburos."
Tejada dijo que existen "indicios razonables" que permiten presumir la responsabilidad penal de Del Castillo por haber promovido la salida del país de dos responsables del espionaje telefónico, que iban a colaborar con las investigaciones.
En el caso de Miguel Hidalgo, quien por entonces dirigía la Dirección Antidrogas (Dirandro), el informe lo acusó de reportar directamente al Palacio de Gobierno, cuando su deber era hacerlo ante el director de la Policía y el Ministro del Interior.
Tambiíén consideró que García cometió una infracción constitucional por haber ascendido de manera irregular al contralmirante Elías Ponce Feijoo, uno de los personajes que fue sentenciado por estar implicado en el caso.
El congresista fujimorista Carlos Tubino (FP), quien formó parte de la comisión investigadora, manifestó sus reservas con las conclusiones del informe en mayoría.
Consideró que no se puede acusar a García por el ascenso de Feijoo y dijo que tampoco se debe acusar a Hidalgo por no reportar al director de la Policía, pues esa disposición no está incluida en los reglamentos policiales.
Tejada tambiíén sustentó ante el Congreso el informe sobre la investigación que se hizo de las denuncias de irregularidades en la reconstrucción y modernización de grandes colegios del país y consideró que García y el exministro de Educación Josíé Antonio Chang deben ser denunciados por una presunta infracción constitucional.
"El marco legal generado habría permitido actos de corrupción, la sobrevaloración de obras, el cobro menor de penalidades, entre otros", señaló el informe.
Despuíés de la sustentación de las conclusiones, se produjo un intenso debate y una votación que los aprobó por mayoría, por lo que ahora serán enviados a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y al Ministerio Público (Fiscalía) para que determinen si se presentan denuncias penales.
El legislador aprista Mauricio Mulder rechazó la decisión del parlamento y consideró que se busca "manchar" la gestión de García cuando se acercan las elecciones de 2016, tras lo cual dijo que confía en que las acusaciones serán desvirtuadas.
