Elmundo.es/Pascual García
Madrid.- Los Servicios Públicos de Empleo (el antiguo Inem) sólo intermediaron (cerrar un acuerdo entre una oferta y una demanda de empleo) en el 2,1% del total de las contrataciones que se realizaron en 2008. Según datos oficiales, entre enero y diciembre del pasado año el total de colocaciones alcanzó la cifra de 16.297.640. De ellas, únicamente 4,8 millones afectaron a demandantes activos de empleo (7,2%), esto es, los que suscriben esta condición, cada tres meses, en las oficinas del paro.
De esta cifra, más de 4,5 millones encontraron un empleo sin que mediara una oferta previa de una empresa al Inem. íšnicamente el 2,1% del total (350.236) encontraron trabajo gracias al servicio público.
Los datos oficiales demuestran, además, que los parados recurren cada vez menos al Inem para encontrar empleo. De hecho, según estas cifras, 11,4 de las 16,2 millones de colocaciones de 2008 se registraron fuera de este circuito público de contratación, esto es, que afectaron a personas que ni tan siquiera tenían regularizada su situación con los Servicios Públicos de Empleo.
Estos datos han sido recopilados en un estudio realizado por la Agencia de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), en el que se precisa, por el contrario, que la intermediación de las ETT afectó a 2,2 millones de contratos, esto es, un 13,9%, frente al 2,1% de la intermediación pública, en ese periodo.
Las cifras son similares cuando el análisis se hace respecto al último mes con datos cerrados, enero de 2009. En este caso, del 1,1 millones de contrataciones, sólo 342.251 fueron a parar a demandantes activos de empleo y, de ellos, tan solo 25.436 encontraron trabajo gracias a una oferta realizada previamente por una empresa al Inem. La gran mayoría de los colocados –769.479– lo hicieron al margen del servicio público.
La necesidad de abrir la intermediación laboral a las empresas de colocación privadas es uno de los asuntos en los que el diálogo social sigue estancado. El acuerdo de mínimos para medidas de urgencia que anunció el pasado martes el ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Celestino Corbacho, y que será refrendado este viernes por el Consejo de Ministros, volvió a dejar fuera la reivindicación patronal de eliminar las restricciones que las ETT sufren en España, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea, respecto, por ejemplo, a su capacidad de intermediación en sectores como la construcción o las administraciones públicas. La oposición de los sindicatos sigue bloqueando este asunto.
El Gobierno, en cualquier caso, es consciente de que la ineficacia de los servicios públicos supone un problema añadido en estos momentos de destrucción de empleo. Por eso, uno de los puntos que abordará este viernes el Consejo de Ministros es el reforzamiento de los servicios públicos de empleo. En la declaración del pasado martes, el Gobierno se comprometió a "mantener y actualizar las plantillas de personal requeridas para afrontar la situación actual y para responder a las nuevas demandas con medidas tecnológicas, organizativas y de personal".
Según fuentes del diálogo social, el Gobierno es consciente de que los parados que tienen que certificar su situación para cobrar la prestación "pueden hacer cola durante toda una mañana, cada tres meses, para seguir percibiendo el subsidio, pero tambiíén de que aquellos que buscan un empleo no están dispuestos a hacerlo, fundamentalmente, porque el Inem no les ofrece nada".
La propuesta del Gobierno plantea la puesta en marcha de una "plataforma multimedia" que sistematizará y agilizará la detección y divulgación de perfiles profesionales y las nuevas tendencias en el mercado de trabajo a los servicios de empleo autonómicos.
Además, el Ejecutivo se ha comprometido a afrontar las cargas de trabajo del personal del Inem (un aumento de más de 1,5 millones de expedientes en el último año) con la incorporación de 1.415 trabajadores con carácter estructural (5.750 efectivos en total) y un refuerzo temporal de 900 personas durante 2009, a los que habría que añadir 1.500 orientadores de los itinerarios profesionales. Hay comprometido un gasto de 100 millones de euros.
