Comentario macroeconómico: España debe reducir su díéficit estructural.-
Resulta muy preocupante la marcha de las cuentas públicas de la economía española.
En nuestro país existe ahora un acalorado debate acerca de la subida de impuestos que pretende el Gobierno del Estado. Como consecuencia de la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el díéficit público de nuestro Estado (administración central, autonómica y local) se ha disparado, y resulta muy probable que se aproxime al 12% del PIB. Han saltados todas las alarmas en el Ministerio de Hacienda y ya nadie discute que es necesario un ajuste fiscal.
Antes de decidir las medidas concretas que hay que adoptar, tendríamos que plantearnos quíé parte de ese díéficit es estructural. Es decir, quíé parte de nuestro díéficit se puede eliminar ajustando el tamaño de nuestras administraciones a la nueva realidad económica española.
Una vez que hubiíéramos definido quíé parte de ese díéficit es estructural, se deberían adoptar las medidas necesarias para eliminarlo o, al menos, reducirlo de forma progresiva. Esto implicaría reducir el tamaño de las administraciones públicas (lo que obligará a las Comunidades Autónomas a devolver competencias al Estado para conseguir economías a escala. Esto, como todos los ciudadanos podemos comprender, es inviable. ¡Cómo va a renunciar una autonomía a sus propias competencias y echar a sus funcionarios!)
Nuestro modelo de organización es un modelo muy costoso e ineficiente (con solapamiento de competencias), que sólo puede funcionar en una etapa de fuerte crecimiento económico que permita una elevada recaudación fiscal con la que financiar el cuantioso gasto.
Por lo tanto, si no se soluciona el problema del díéficit estructural, no podremos atacar la verdadera causa de este enorme díéficit. Por lo tanto, solucionar el problema exigiría a nuestra clase política que realizara un debate serio. Es evidente que los políticos siempre se opondrán a una reducción de su capacidad de gasto.
No se pude solucionar este problema limitándonos a subir los impuestos a los ciudadanos. Es lo "cómodo" o lo "menos díficil", porque probablemente es más fácil conseguir un acuerdo entre los partidos políticos para subir los impuestos a los ciudadanos que para reducir las competencias del Estado o de las CC.AA, en definitiva, reducir su capacidad de gasto.
Si nuestras autoridades económicas, tal y como parece, optasen simplemente por subir los impuestos para nivelar el presupuesto., y aunque incrementaran todos los conceptos impositivos, no sólo el IRPF, no obtendrían los recursos necesarios. En consecuencia, tampoco solucionarían el problema, un parche temporal, y muy probablemente corremos el riesgo de que todos los ciudadanos mostraran su malestar en las calles, gran problema en un momento en el que la tasa de paro es elevada.
Por lo tanto, a nuestras autoridades no les queda más remedio que reducir el gasto público.
Debemos aceptar como un dato que la recuperación económica será muy lenta, y por los desequilibrios que presenta la economía española y la merma de nuestra competitividad, debemos considerar como un dato que nuestra recuperación será aún más lenta que la del resto de Europa. Además de estos inconvenientes, hay un factor en esta crisis que complica todavía más la recuperación: aunque finalmente se produzca, es probable que los niveles de empleo tarden aún más en hacerlo.
Por ello, creemos que, ante la magnitud de la crisis y de la gravedad de la situación española, que en el límite podría llegar a suponer la expulsión de España de la Unión Monetaria, es necesario un pacto político entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria, los representantes de nuestras comunidades autónomas, y los representantes de los sindicatos para lograr un reparto lo más justo posible de los costes, quíé no recaigan sólo en los ciudadanos.
