Las cuatro operadoras de móvil han pasado una reválida voluntaria para demostrar que aplican el código de conducta pactado en 2008 a fin de eliminar imágenes de pornografía infantil en el acceso celular a la red. Colaboran con la policía a nivel europeo y con IWF, una fundación que publica una lista negra con 30.000 sitios.
Las principales empresas españolas de telefonía móvil han cumplido los compromisos contraídos en el marco de la Unión Europea para comenzar a dar una guerra sin cuartel y expulsar de los cada vez más potentes sistemas de acceso a internet móvil los contenidos delictivos y, en especial, de pornografía infantil.
El pasado mes de septiembre, Vodafone, Yoigo, Orange y Movistar se sometieron de manera voluntaria a una reválida cuyo objetivo fue constatar que han implementado y que tienen en funcionamiento de manera efectiva y cotidiana las armas de las que decidieron dotarse en febrero de 2008 cuando firmaron el código de conducta sobre contenidos delictivos en el universo de internet móvil dentro del ámbito empresarial de la Unión Europea.
La evaluación resultó satisfactoria y los mecanismos de combate contra las citadas prácticas por medio de las capacidades multimedia de la telefonía móvil se pusieron en conocimiento de los defensores del menor de las diferentes comunidades autónomas en un encuentro celebrado en noviembre.
Las principales armas de las compañías españolas de móvil contra los contenidos delictivos son dos, según han explicado los responsables de este cometido en dichas empresas.
El primero es un cortafuegos que impide que desde los telíéfonos celulares que operan con las redes de Orange, Yoigo, Vodafone y Movistar pueda accederse a los sitios web cuya información e ilustraciones tienen carácter pedófilo, sádico o racista.
Para determinar que páginas de internet contienen este tipo de contenidos, las compañías españolas (y tambiíén las del resto del mundo que están participando en este combate), han firmado un acuerdo de colaboración con Internet Watch Foundation. Se trata de una prestigiosa institución internacional con sede en Londres que, de manera permanente y con actualizaciones diarias, elabora una lista negra en la que a día de hoy están incluidos más de 30.000 sitios.
Por medio de una herramienta tecnológica conocida como Blue Coat, las redes celulares de las empresas españolas bloquean el acceso a dichas páginas de manera que cuando algún usuario marca su dirección desde el móvil solo aparece un mensaje en el que se le informa de que intenta acceder a un contenido ilegal. La expulsión de estas web se realiza de manera permanente dado que Internet Watch Foundation ofrece dos actualizaciones diarias de su lista.
Policía
La colaboración con la policía y con las instancias sociales de protección del menor es la segunda arma contra esta forma de abuso sexual que han implementado las empresas de móvil. En este marco, se ha creado una institución de coordinación a nivel europeo que se denomina Circamp (Cospol Internet Related Child Abusive Material Project).
La coordinación entre las fuerzas de seguridad y las operadoras es crucial porque buena parte de las líneas de investigación contra la pedofilia tienen su punto de partida en los intentos de acceso del delincuente a la red donde pretende colocar sus contenidos o de donde intenta recibir la información.
El reciente proceso de identificación de titulares de tarjetas prepago no tiene vinculación con este tema, según han asegurado las compañías.
Vigilancia sobre los contenidos propios y de empresas terceras
El código de conducta suscrito por los operadores de móvil reconoce que es imprescindible mantenerse alerta, dado que "el gran crecimiento y penetración de la telefonía móvil en los últimos años ha provocado una rápida evolución de los servicios móviles y la proliferación de contenidos con múltiples posibilidades de ocio y entretenimiento, dirigidos a todo tipo de usuarios, incluidos los menores".
La vigilancia a la que se comprometen Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo incluye la identificación y etiquetaje "no sólo de los contenidos que los operadores ofrezcan bajo sus respectivas marcas, sino tambiíén de aquellos comercializados por aquellos terceros con los que tengan suscritos acuerdos contractuales incluidos los servicios para los que sea necesario conocer la localización del cliente". Uno de los proyectos que todavía no se ha llevado a efecto es la creación de una lista negra de sitios delictivos que están radicados en España.
