Países como Colombia, Chile, Perú y Míéxico se podrían ver beneficiados, según varios analistas, por la imposición de nuevos impuestos a minería en Australia, uno de los grandes productores de metales.
A pesar de que expertos dicen que algunos gobiernos latinoamericanos podrían verse tentados a elevar gravámenes o pago de regalías por explotar sus yacimientos, no se espera que sean tan excesivos como para ahuyentar a mineras que creen que las altas recompensas valen la pena un poco de riesgo.
Y es que el Gobierno de Australia enfrió a la industria minera la semana pasada cuando propuso un impuesto del 40 por ciento a las ganancias de las empresas mineras para ayudar a los trabajadores en un año electoral.
El impuesto deberá enfrentar una fíérrea oposición de legisladores y podría no ser promulgado, pero la incertidumbre en un país tradicionalmente conocido como uno de los lugares más seguros para la inversión minera dará un impulso a los mercados emergentes ricos en recursos. â€Si estás incrementando los costos para compañías en Australia (…) estás creando el incentivo para invertir en otro lado y Amíérica Latina se podría beneficiar de estoâ€, dijo Erasto Almeida, un analista de la consultora Eurasia Group.
La noticia sobre el impuesto ya ha provocado que el gigante Xstrata suspenda la exploración de cobre en el estado de Queensland y BHP Billiton Ltd/Plc advirtió que el impuesto pondría en riesgo sus planes de expansión en Australia.
En Amíérica Latina, donde un grupo de gobiernos de izquierda ha dado un mayor control al Estado sobre las industrias minera y energíética, disputas laborales pueden llegar a tornarse violentas, quejas ambientales contra mineras se están extendiendo y terremotos como el que recientemente golpeó a Chile pueden afectar la producción.
Pero las empresas mineras han asumidos esos riesgos en los cálculos de sus costos y las operaciones son vistas como seguras en la mayoría de los países de Amíérica Latina.
Los grandes ganadores de una caída en la inversión en Australia serían países amigables a los capitales en minería como Chile, Perú y Míéxico, que se enorgullecen de sí mismos de tener reglas claras y consistentes.
Grupo Míéxico, que opera minas de cobre en Míéxico, Perú y Estados Unidos, no está preocupada por un impuesto minero propuesto por legisladores el año pasado. La propuesta permanece en el Congreso pero sin visos de que vaya ser retomada en el corto plazo.
“No es que la gente se está yendo de Míéxico por un riesgo de este tipo, sino al contrarioâ€, dijo el director de Finanzas de Grupo Míéxico, Daniel Muñíz, durante su participación en el Foro de Reuters sobre Inversión en Amíérica Latina. Míéxico “está incentivando la inversión y creo que están haciendo (…) correctamente en tratar de poner reglas claras para buscar inversión extranjeraâ€, añadió.
La ley australiana podría estimular la imposición de impuestos en otros lados, pero tomaría mucho para que grupos mineros abandonaran apuestas estables como Brasil y Chile.
Brasil ha debatido largamente cambios al código minero para tomar una mayor tajada de las ganancias de empresas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva amenazó el año pasado con gravar las exportaciones de mineral de hierro y se espera que Dilma Rousseff, la candidata presidencial del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre, siga sus políticas.
Rousseff dijo a Reuters esta semana que ni favorecería el impuesto ni lo excluiría sin estudios más profundos.
Enfocado en las elecciones, Eurasia Group y Barclays Capital dijeron en reportes que no se llevaría a cabo ningún cambio en Brasil este año. “Creo que los inversores están esperando algún incremento en la tasa impositiva pero moderado. Así que no creo que esto estíé cambiando fundamentalmente sus puntos de vista o interíés (en Brasil)â€, dijo Almeida.
Demasiado bueno para dejarlo
En Chile, el Gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera, sorprendió a inversores elevando las regalías a las mineras para ayudar a pagar la reconstrucción tras el sismo de magnitud 8.8.
El incremento, que apunta a recolectar unos 700 millones de dólares en los próximos dos años, sería voluntario y fijado a una escala de acuerdo a las ganancias.
Expertos y mineros privados dicen que esto podría afectar algunos proyectos marginales -que requerirán de una reducción de costos- pero no afectarán toda la inversión en Chile, que tiene 30 por ciento de la reserva conocida de cobre del mundo.
En los últimos años, algunos gobiernos latinoamericanos han nacionalizado inversiones o realizado drásticos cambios en regulaciones.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, canceló dos concesiones el año pasado a Gold Reserve en el proyecto Brisas, haciendo difícil a la minera, basada en Estados Unidos, desarrollar una de las mayores vetas de oro de Amíérica Latina.
Chávez dice que quiere que Brisas y otro proyecto, Las Cristinas, de la canadiense Crystallex, sean explotados a travíés de alianzas con el Gobierno.
El Gobierno de Colombia tambiíén apuntó hacia la naciente industria aurífera el mes pasado cuando el ministerio de ambiente ordenó a Greystar Resources Ltd hacer costosas revisiones a su proyecto clave para cumplir con nuevas regulaciones.
Pero Brock Salier, un analista de Ambrian, dijo que los recursos no desarrollados en Colombia y Venezuela mantendrán el interíés de los inversores. â€No puedes irte de activos tan buenosâ€, dijo Salier
