Los empresarios bolivianos prevíén una caída del 12 por ciento en las inversiones privadas de 2010 respecto a 2009, debido a recientes nacionalizaciones y nuevas leyes dictadas por el presidente Evo Morales, según declaraciones recogidas hoy por medios informativos locales.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), í“scar Calle, aseguró que las inversiones de particulares entre enero y marzo pasados sumaron 117 millones de dólares, por debajo del mismo trimestre de 2009.
"Tenemos datos de que la inversión extranjera ha bajado a los niveles más bajos en los últimos cuatro años, y estamos hablando del 12 por ciento de bajada este año", precisó Calle.
"Se han generado noticias sobre nacionalizaciones y avasallamientos (ocupaciones de tierras o empresas) que han provocado un ambiente de no seguridad jurídica en el país, lo cual hace que el empresario externo que quiere invertir en Bolivia tome al país como la última opción", agregó.
Según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa en Bolivia ya disminuyó el 47% en 2009 respecto a 2008, al caer de 1.302 millones de dólares a 687 millones.
En mayo pasado Morales decretó la expropiación de cuatro empresas elíéctricas, tres de ellas con capital extranjero y una participada por el Estado francíés, y su Gobierno anunció la estatización de dos fondos de pensiones privados, operado uno por el banco español BBVA y el otro por el grupo suizo Zurich.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Armando Gumucio, dijo que los inversionistas, para tomar decisiones, esperan reglas claras sobre la propiedad, imparcialidad de la ley, disponibilidad y transparencia de la información pública, independencia de los poderes del Estado y equidad de los entes reguladores.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, tambiíén ha rechazado en los últimos días el anuncio oficial de que el sistema de pensiones volverá a ser monopolio estatal.
Desde que Morales llegó al poder en 2006 con una alianza de partidos y sindicatos izquierdistas, populistas, nacionalistas e indigenistas, ha expropiado una docena de compañías petroleras, mineras, elíéctricas y de telecomunicaciones, con muchas de las cuales mantiene litigios por indemnizaciones.