El presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró (EFE).
Gas Natural ha decidido cortar por lo sano una inversión heredada de Unión Fenosa y que le estaba dando serios problemas. Se trata de su elíéctrica en Guatemala, que ha vendido al fondo británico Actis por casi 500 millones de dólares, cerca de 350 millones de euros. La operación, sobre la que la compañía no ha querido hacer ningún comentario, se produce tras una serie de sombríos sucesos que incluyen amenazas e incluso asesinatos.
Unión Fenosa desembarcó en Guatemala en 1999 cuando ganó un concurso para la privatización del servicio elíéctrico. Para evitar ser acusada de monopolio, creó dos filiales: una que cubría la zona occidental (Deocsa) y otra la oriental (Deorsa), abarcando de esta manera 20 de los 22 departamentos de Guatemala. Pero su gestión fue denunciada en 2004 cuando la Corte de Constitucionalidad guatemalteca advirtió que estaba haciendo cobros indebidos mediante un impuesto ilegal y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios.
En julio de 2009, más de 30 organizaciones sociales españolas denunciaron estas prácticas ante el Gobierno de Josíé Luis Rodríguez Zapatero tras culminar la compra de Fenosa por Gas Natural. El documento tambiíén llegó a la Generalitat de Cataluña y a La Caixa, máximo accionista del grupo energíético. Dos años despuíés, la empresa presidida por Salvador Gabarró opta por salir del país.
Gas Natural recibirá unos 500 millones de dólares (350 millones de euros) de Actris, una firma de capital riesgo británica especializada en inversiones en países emergentes. El private equity, con más de 60 años de historia y cien profesionales repartidos por todo el mundo, cuenta con 4.600 millones de dólares bajo gestión. La operación no estaba prevista en el plan inicial de desinversiones, pero se ha ejecutado para evitar nuevos problemas en el país.
Violencia y asesinatos
Gas Natural ha decidido salir del país tras recibir un aluvión de mensajes violentos. La gasista presentó a principios de 2010 una denuncia en la que revelaba que un grupo implicado en acciones ilícitas había amenazado de muerte a varios de sus directivos a travíés de mensajes de texto en telíéfonos móviles. Tras este hecho, Gas Natural Fenosa pidió al Gobierno que detuviera a los más de 200 sospechosos de participar en ataques a sus centrales, hasta el punto que la Policía amplió el estado de excepción en el departamento de San Marcos, en el suroeste del país centroamericano. La zona es conocida por la presencia de grupos violentos relacionados con el narcotráfico.
Previamente, el presidente ílvaro Colom había decretado el 22 de diciembre de 2009 un estado de sitio que limitaba el derecho de celebrar reuniones de sus ciudadanos. Además, quedaban prohibidas las manifestaciones públicas y llevar armas de fuego. Fue la reacción gubernamental a una batalla campal que estalló por la muerte de 32 disparos de Victor Gálvez, líder del Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), uno de los activistas que protestaba por los cortes de suministro y las subidas de las tarifas.
Los altercados no quedaron ahí. Poco despuíés, en enero, fallecieron otros tres manifestantes en circunstancias sin aclarar. Evelinda Ramírez, miembro de FRENA, fue asesinada en plena carretera por disparos desde una pick up blanca con los cristales tintadas cuando volvía de reunirse en la capital con miembros del Gobierno. A finales de ese mes, la misma suerte corrió un miembro de un sindicato de trabajadores tras denunciar presuntas irregularidades.
El 17 de febrero fue tambiíén tiroteado a quemarropa en su puesto de trabajo Octavio Roblero, integrante de FRENA y cuñado de Víctor Gálvez. Roblero, tras las amenazas recibidas de presuntos sicarios, había pedido la protección a la Corte Suprema el 20 de enero. Su fallecimiento fue denunciado por Ecologistas en Acción, lo cual no evitó que en marzo murieran otros cuatro opositores a la presencia del grupo español en Guatemala y a los continuos cortes de suministro a los clientes. Gas Natural Fenosa llevó a cabo estas operaciones para hacer frente a las conexiones ilegales a puntos de luz por parte de los habitantes de la zona, los cuales corrían el riesgo de electrocutarse.
