â– Los fondos iniciarán el arbitraje tras acabar el miíércoles el plazo para un acuerdo
La Justicia será quien tenga la última palabra en la pelea judicial abierta por los quince fondos internacionales, que han decidido llevar al Gobierno español a un arbitraje en la Corte Internacional de Londres por el hachazo a la fotovoltaica valorado en 2.200 millones hasta el 2013.
Allen & Overy, que asesora a estos inversores en el proceso, confirmó a elEconomista que el Ejecutivo no ha respondido a la negociación que se le ofertó por parte del sector para lo que tenía de plazo hasta el pasado miíércoles, día 8 de junio. Por tanto, los quince fondos se preparan ya para comenzar los trámites para que sea un laudo internacional, que se resolverá en los próximos 18 meses, quien decida si es legítima la normativa aprobada en la víspera de Noche Buena para reducir los costes del sistema.
Ahora estos inversores, que han invertido 2.875 millones de euros en España, reclaman más de 600 millones de indemnizaciones porque entienden que el Real Decreto-ley 14/2010 lesiona sus intereses al reducir con carácter retroactivo la percepción económica por la producción de electricidad mediante tecnología fotovoltaica.
Fondos demandantes
Los demandantes contra España son Green Power Partners, HgCapital, Hudson Clean Energy, AES Solar, Element Power, European Energy, Foresight Group, Impax Asset Management, KGAL GmbH & Co. KG, GWM-Lux Energia Solar, NIBC Infrastructure Partners, Eoxis Energy, Scan Energy, Ampere Equity Fund y White Owl Capital.
Una vez iniciado el arbitraje, entre julio y septiembre se definirá cómo debe prepararse el proceso y quiíénes compondrán el tribunal y en ese momento se pondrá en marcha el mecanismo de elaboración del laudo. Las partes han llegado a este extremo del proceso despuíés de que Allen & Overy remitiera el pasado mes de marzo 45 cartas que representaban comunicaciones formales donde se explicaba al Gobierno la existencia de un perjuicio y la posibilidad de acciones legales al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energíético. Dicho pacto está firmado por 51 países, entre los que se encuentran todos los de la Unión Europea. Cada misiva constaba de tres copias, una de ellas para el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, y otras dos para los ministros de Industria y Exteriores, Miguel Sebastián y Trinidad Jimíénez, respectivamente.
Con esa notificación se inició el periodo de tres meses en el que ambas partes podían negociar antes de llegar a un arbitraje internacional. Sin embargo, como el Gobierno ni siquiera ha respondido a estas comunicaciones y, tras finalizar el plazo estipulado, los inversores extranjeros tienen derecho a iniciar un arbitraje internacional contra el Estado.
A Bruselas no le gusta la norma
Sin embargo, desde el Ejecutivo justifican el hecho de no haber negociado en que confían en la legitimidad de la normativa. No obstante, el sector lamenta que el Congreso de los Diputados no derogara el Real Decreto y que no acordase un mecanismo para indemnizar a los damnificados.
Hay que recordar que a escala comunitaria no han sido muy bien acogido estos cambios normativos. En concreto, a comienzos de año, los comisarios europeos Gunther Oettinger y Connie Hedegaard enviaron una carta al Ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la que lamentaban la aprobación de leyes en España que, en su opinión, ponen en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la Unión Europea.
