La desaceleración del crecimiento económico y las consecuencias de la crisis de deuda de la zona euro pueden obligar a Irlanda a incumplir un acuerdo de no reducir los salarios del sector público que ha ayudado al país a evitar el malestar social al estilo griego, dijo un ministro.
Dublín se ha comprometido a no reducir salarios y evitar despidos, siempre que los sindicatos estíén de acuerdo con los despidos voluntarios y trabajar más horas en virtud del acuerdo de Croke Park, alcanzado en marzo del 2010, 8 meses antes de que Irlanda aceptara un rescate de la Unión Europea/Fondo Monetario Internacional.
El acuerdo ha sido citado como la razón principal de que Irlanda no haya experimentado el tipo de protestas que se observan en Grecia, tambiíén rescatada por la UE y el FMI. Sindicatos del sector público señalaron que pueden realizar huelgas si el acuerdo se rompe.
Sin embargo, el Gobierno ha recortado 2 veces sus previsiones de crecimiento económico para el próximo año desde el inicio de noviembre y el ministro de Energía, Pat Rabbitte, advirtió que el futuro del acuerdo en su forma actual depende de cómo se desarrollen esas proyecciones.
"Bien podría ser el caso, sobre todo en función de cómo vayan las cosas en la zona euro, que tengamos que sentarnos y hablar con los sindicatos sobre la renegociación de ese acuerdo", dijo Rabitte el domingo a la emisora nacional RTE.
"Pero eso depende de las tasas de crecimiento, proyecciones de crecimiento y depende de si se produce", agregó.
Irlanda ha reducido los salarios del sector público en un promedio del 15 por ciento desde 2008.
El Gobierno se mantuvo en el acuerdo "Croke Park" la semana pasada cuando anunció su presupuesto para 2012 hallando 3.800 millones de euros (5.000 millones de dólares) de ahorros mediante la suba de impuestos y el recorte de gasto en áreas como salud, educación y bienestar social.
Irlanda todavía tendrá que lograr ahorros por 8.600 millones de euros en sus tres próximos presupuestos si quiere reducir su díéficit presupuestario hasta el límite de la UE del 3 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2015
