Por... Sonia Osorio
Una de las propietarias de un laboratorio de Nicaragua, la primera empresa confiscada por los sandinistas en 1979, presentó una demanda en un tribunal de EE.UU. contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega exigiendo que pague los 4 millones de dólares que ofreció tras la expropiación.
Lylle Araya Solórzano, una nicaragí¼ense con ciudadanía estadounidense, dijo hoy a Efe que interpuso la acción judicial el pasado 19 de julio en un tribunal de Miami (Florida) y en la misma se incluyó a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.
"Presentíé la demanda a título personal. En septiembre prescribía el plazo de los 4 años para poder introducir una acción legal sobre el dinero adeudado y recuperarlo. En Nicaragua el plazo es de 10 años, pero siendo ciudadana estadounidense no voy a esperar ese tiempo", apuntó.
Los integrantes de la familia Solórzano Marín afirman que son propietarios del 60 % de las acciones de Laboratorios Solka, con sede en Managua, y que fue fundado por el míédico Porfirio Solórzano Bermúdez en 1931, abuelo de Araya Solórzano.
"Creo en el sistema judicial de este país (EE.UU.) y el plazo es más corto, mientras que en Nicaragua las cosas las hacen eternas", enfatizó Araya Solórzano.
Su abogado, Alfonso Oviedo-Reyes, explicó a Efe que "en septiembre próximo vencía el plazo y si no se reclamaba antes de esa fecha el estado de Florida hubiera determinado que no se podía reclamar porque prescribía si el documento de la deuda tenía más de 4 años".
Oviedo-Reyes alega que el Instituto Nicaragí¼ense de Seguridad Social hizo "una oferta de compra, la compra fue aceptada por los dueños de las acciones y lo que exigimos es el pago del precio de las acciones".
En el documento se indica que Araya Solórzano es elegible para "recibir protección de la Secretaria de Estado porque sus derechos de propiedad están siendo atropellados por el Gobierno de Nicaragua mediante (...) el Instituto Nacional de Seguridad Social por no pagar el precio de venta de sus acciones en Solka".
Mientras esos derechos no sean respetados, se arguye, no hay razón para que Clinton conceda ayuda o asistencia ("Waiver") al Gobierno de Nicaragua.
Una ley aprobada por el Congreso de EE.UU, en 1994, establece suspender cualquier tipo de asistencia a aquellas naciones que confiscan propiedades de los estadounidenses y no las regresan a sus propietarios o no se las pagan.
"Está claro que (a la demandante) no se le han respetado sus derechos. Se pide al tribunal que solicite a Clinton que demuestre la causa por la cual debe seguir otorgando el 'waiver'", dijo el abogado.
La próxima ayuda será emitida por Clinton el próximo 29 de julio o antes de esa fecha, de acuerdo con la demanda a la que tuvo acceso Efe.
Los sandinistas confiscaron la empresa tras el triunfo de la revolución en 1979.
La familia Solórzano Marín afirma que la compañía era la más grande en su sector que facturó cerca de 5 millones de dólares en 1978, poseía la licencia de laboratorios Abbot para producir sueros y exportaba a Centroamíérica productos por 1 millón de dólares.
Desde 1979 hasta que la presidente Violeta Chamorro ganó las elecciones (1990-1997), los Solórzano no tuvieron acceso a la empresa y varios de sus miembros se exiliaron en Estados Unidos, Colombia, Míéxico y Venezuela, entre otros países.
Araya Solórzano dijo a Efe que al cambiar el gobierno procedieron a intentar recuperar el laboratorio, logrando una entrega parcial de las acciones: obtuvieron el 60 por ciento y el 40 por ciento fue asignado al sindicato de los trabajadores.
Sin embargo, cuando los sandinistas asumieron de nuevo el poder en el 2007, confiscaron otra vez la compañía, añadió.
Meses despuíés el Instituto Nacional de Seguridad Social se comunicó con la familia para iniciar una negociación y lograron un acuerdo de pago por 4 millones de dólares.
El Gobierno de Nicaragua, según la demandante, presentó una oferta formal mediante y se firmó el contrato, pero tras casi 4 años de ese trámite, los dueños de Laboratorios Solka, no han podido obtener el dinero
