La mitad del rescate que ha pedido Cataluña al Gobierno central servirá para afrontar el vencimiento en noviembre de una emisión de bonos patrióticos que asciende a 2.639 millones. A día de hoy, con los mercados de críédito cerrados, Cataluña no tiene liquidez para cumplir con sus obligaciones de pago.
La Generalitat ha recurrido en los últimos años a periódicas emisiones de bonos patrióticos, una solución que, a corto plazo, ha permitido cubrir las obligaciones de pago a un elevado tipo de interíés. Sin embargo, esa fórmula ya está agotada y Cataluña precisa de la ayuda del Gobierno central para afrontar los vencimientos de deuda.
En este último trimestre, la Generalitat debe amortizar 3.872 millones, aunque el problema se concentra en noviembre, cuando vence la emisión de bonos patrióticos a un año por valor de 2.640 millones. Ello significa que más de la mitad del rescate de 5.000 millones que el Gobierno de Artur Mas ha pedido a Hacienda servirá para cubrir esta emisión.
Fuentes de la Generalitat apuntan que el fondo de liquidez autonómica se ha creado precisamente para eso y restan importancia a que los vencimientos procedan de emisiones convencionales o de bonos patrióticos.
La petición de ayuda catalana se produce en la antesala de unas elecciones autonómicas marcadas por el debate soberanista. El Ejecutivo de Artur Mas reclamó sin íéxito el bautizado como pacto fiscal, que supondría que Cataluña aplicaría algo un modelo de financiación similar al del País Vasco. La negativa de Moncloa precipitó la convocatoria de elecciones y acercó a Convergí¨ncia i Unió (CiU) a defender un Estado propio bajo el argumento de que Cataluña sufre "un expolio" fiscal.
Desde Hacienda recuerdan que resulta incongruente que una comunidad reclame la independencia a la par que se acoge al fondo de liquidez, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio.
Agotadas las transferencias
Además de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha han reclamado acogerse al fondo, dotado con 18.000 millones y que, además de servir para afrontar los vencimientos de deuda, tambiíén permitirá financiar el díéficit.
El problema actual de las comunidades es que sus gastos superan con creces sus ingresos y la mayoría tienen los mercados de financiación cerrados a cal y canto. En este contexto, la ayuda de la Administración central resulta vital. De hecho, los Gobiernos autonómicos ya están registrando importantes retrasos en el pago a proveedores despuíés de que el Ejecutivo aprobara un plan que permitió abonar la deuda comercial pendiente hasta el 31 de diciembre de 2011.
Fuentes del Gobierno apuntan que una vez las comunidades firman su adhesión al fondo de liquidez no se permitirá nuevos retrasos en el pago a proveedores. De hecho, las comunidades que se acojan a este mecanismo de ayuda deberán desnudarse ante Hacienda. Es decir, tendrán la obligación de remitir información periódica de sus cuentas, el saldo de deuda o la evolución de las medidas de ahorro. El Ejecutivo central tendrá la potestad de enviar a las comunidades que se acojan al fondo de liquidez misiones de control y exigir mayores medidas de ajuste.
En el caso catalán, desde Hacienda recuerdan que, además de poner en marcha el fondo de liquidez, tambiíén han agilizado las transferencias. De hecho, Cataluña recibió en el segundo trimestre el 93% del los recursos del sistema de financiación comprometidos para todo el año.
