No era el único. Juan Márquez y Daniel Rivera, sucesores de Francisco Javier Guerrero al frente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, copiaron el sistema de ayudas fraudulentas con los ERE. Lo certifica un nuevo auto de la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De esta manera se desmonta la teoría de Griñán de situar en Guerrero (el hombre al que los sindicatos le organizaron una fiesta de despedida cuando abandonó la Junta como publicó ayer este diario), la responsabilidad del fraude.
La magistrada impuso a Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz, una fianza de responsabilidad civil de 7,2 millones de euros. Según Alaya, esta es la cantidad que el ex alto cargo de la Junta de Andalucía podría haber repartido en concepto de fondos públicos “con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable".
La juez le imputó cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. Rivera quedó en libertad porque ninguna parte solicitó su ingreso en prisión, pero en su declaración de julio de 2012 admitió que el procedimiento de concesión de ayudas públicas “debía ajustarse a la normativa sobre subvencionesâ€.
Hay más. Alaya deja claro en el auto, al que ha accedido Europa Press, que Rivera, además de la fiscalización prevista de las ayudas concedidas por la Junta, “tuvo conocimiento a los dos meses de iniciar el desempeño de su cargo†de que había pólizas de rentas “por más de 70 millones de euros sin convenio o resolución de concesión de la subvención, y no ordenó nada al respectoâ€.
Griñán defendió la inocencia de Rivera y lo mantuvo en el cargo (estaba a las órdenes del consejero de Empleo, Manuel Recio) hasta julio de 2012, a pesar de que un auto de enero de ese mismo año de 42 páginas emitido por Alaya implicaba a Rivera por ordenar el 1 de septiembre de 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa. “Los trabajadores fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolorâ€, detalló Alaya, como publicó El Confidencial.
Según el escrito de la juez que acorrala a la Junta de Andalucía con su instrucción, existía una “total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboraciónâ€. Sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la primera, que correspondía a la empresa resuelta por Daniel Rivera. “Curiosamente en dicha resolución alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en virtud de la misma íél no sería competente, por razón de su cargo, para su concesiónâ€, expresaba el auto.
Griñán ‘deja tirada’ a su consejera
No es el único contratiempo al que se enfrenta Griñán. La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, que fue viceconsejera del actual presidente del Gobierno andaluz cuando este capitaneaba la Consejería de Hacienda entre 2004-2009, ha querido elevar la responsabilidad política del escándalo de los ERE en los exconsejeros Antonio Fernández y Josíé Antonio Viera.
Las declaraciones de Martínez Aguayo en Canal Sur Televisión han causado gran sorpresa tanto en el PSOE como en la Junta de Andalucía, que rechazaron adherirse a la opinión de la consejera, del círculo íntimo político de Griñán. En la entrevista que ayer publicó El País Andalucía, el presidente del Gobierno andaluz insinuó que podía estar de acuerdo con la opinión de Martínez Aguayo, aunque como jefe del Ejecutivo socialista no podía expresarlo. En la práctica la ha dejado tirada políticamente.
“Yo tengo mi criterio, pero como responsable público debo tener mucho cuidado con lo que digoâ€, contestó el jefe de la Junta de Andalucía, que insiste en que no existen argumentos legales para su imputación, aunque expertos jurídicos consultados por El Confidencial como el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo opinan todo lo contrario, remitiíéndose al artículo 11 del Código Penal.
