Las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas pueden salir muy caras, especialmente para una región como Cataluña en la que han proliferado como en ningún otro lugar. La prueba de ello se halla en el hecho de que, de los 10.779 millones de euros de endeudamiento que ese tipo de organismos acumuló en el último trimestre de 2012, prácticamente la mitad, es decir, 5.351 millones, correspondieron a las sociedades mercantiles dependientes de la Generalitat, de acuerdo con los datos del Banco de España.
No sorprende que anduvieran tan necesitadas de financiación si se tiene en cuenta que no sólo son muchas, sino además variadas: desde la televisión autonómica (TV3), hasta albergues juveniles, pasando por desalinizadoras (el míétodo favorito del que fuera molt honorable Josíé Montilla para luchar contra la sequía) e incluso una estación de esquí en Gerona.
Como resultado, Cataluña logra sobresalir aun cuando no haya habido una sola comunidad autónoma que, en los todavía recientes tiempos de bonanza, se haya resistido a complicar su propia estructura administrativa y endeudarse lo que hiciera falta para ello. Así, en una región con parecido nivel de desarrollo económico como Madrid, el pasivo de sus empresas públicas no superó los 1.645 millones de euros el año pasado o, expresado en tíérminos relativos, el 15,2 por ciento del total nacional.
Tampoco se aproxima Andalucía, la comunidad autónoma con más población de España, gobernada por una Junta que durante díécadas tambiíén ha sido propensa a apoyarse en este tipo de organismos satíélite, y los 719 millones (el 6,63 por ciento del total) que el Banco de España pone en el debe de sus empresas públicas parecen modestos en comparación con los estándares catalanes
