Los problemas crecen el torno al Grupo Prisa. Y no se libran ni las joyas de la corona. Según información recogida en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), la compañía que preside Juan Luis Cebrián se ha visto obligada a reducir en 13,8 millones de euros el capital de la sociedad que agrupa su participación en El País y las diferentes ediciones del rotativo en Latinoamíérica para evitar la quiebra de la firma y garantizar su continuidad. Todo despuíés de registrar un agujero de 24,5 millones en 2012 y recibir la advertencia de la auditora sobre la necesidad de dar un paso al frente para restablecer el equilibrio patrimonial.
“Como consecuencia de las píérdidas incurridas durante el ejercicio (…), derivadas principalmente de la dotación a la provisión de cartera de sus participadas, al 31 de diciembre de 2012 el patrimonio de la sociedad es inferior a la mitad del capital social por lo que, de acuerdo al artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra en causa de disolución, salvo que el capital se aumente o se reduzca en la medida suficienteâ€, alertaba el informe elaborado por Deloitte.
El patrimonio neto de la sociedad alcanzaba los 39,25 millones en 2011, tras registrar un beneficio de 10,12 millones en ese ejercicio. Sin embargo, en 2012, las abultadas píérdidas casi se comen la suma del capital social (18 millones) y las reservas (11,33 millones), quedando el patrimonio neto reducido a 4,73 millones. Según recoge el Borme del pasado 3 de octubre, el ajuste llevado a cabo por la matriz para equilibrar los balances de la firma deja el capital suscrito en apenas 4,2 millones de euros.
La sociedad ya minimizaba en el informe de gestión que acompaña a sus cuentas el impacto de esta contingencia y aseguraba que la empresa contaba con el respaldo económico de la matriz para sufragar la continuidad de sus actividades. “En opinión de los administradores no existen dudas sobre la continuidad de las operaciones de la sociedad, pues cuenta con el apoyo financiero de su socio mayoritario para restablecer la situación de equilibrio patrimonialâ€, reflejaba la propia auditora. Finalmente, Prisa ha tenido que intervenir.
Crisis de la prensa
Las provisiones acometidas no son la única explicación al mal desempeño en 2012. De hecho, la empresa tambiíén acude a la situación del sector, en plena debacle de la publicidad. “El ejercicio 2012 se enmarca dentro de la crisis que afecta a la economía española e internacional y que ha afectado, de manera significativa, a la prensa escrita en España. La dirección de la sociedad ha puesto en marcha durante el ejercicio 2012 las políticas adecuadas de contención de gastos (…) para adaptar las compañías al entorno económico adverso“, expone el documento.
En efecto, el diario El País registró el año pasado unas píérdidas operativas (ebit) de 54,54 millones de euros, despuíés de acometer un doloroso expediente de regulación de empleo (ERE) que supuso la salida de 129 personas. Era el primer año en el que el buque insignia del grupo de los Polanco registraba un saldo negativo. El diario se mueve en torno al break-even en el primer semestre del año 2013, pese a haber ajustado todavía más los gastos. En concreto, el rotativo se anotó un coste de explotación de 93,06 millones, un 16,3% menos respecto a los 111,17 millones del mismo semestre del año anterior. La facturación por publicidad ha experimentado un descenso del 18,2%.
En todo caso, no es la primera vez que Deloitte afea la gestión en la sociedad editora de El País. En 2011 ya apuntaba irregularidades al difuminar los gestores el impacto real de los despidos llevados a cabo en la casa en 2010, lo que inflaba la cuenta de resultados de la firma. “Los costes incurridos en este proceso (…) ascendieron a 2.150 miles de euros registrados en el epígrafe gastos de personal de la cuenta de píérdidas y ganancias de dicho ejercicio. No obstante, al considerar los Administradores que el mencionado gasto no debiera haber afectado a la cuenta de resultados, la Sociedad aumentó el saldo del epígrafe otros ingresos de explotación con cargo a reservas de libre disposición por importe de 2.150 miles de eurosâ€, rezaba el informe, que rechazaba la práctica en atención a las normas de contabilidad
