Por... Leovani García Olivarez
Brasil se apresta a concluir un 2013 marcado por las masivas manifestaciones de junio último, que dieron un vuelco al panorama político nacional y reabrieron la políémica sobre la necesidad de reformar sus añejas instituciones.
Las protestas, iniciadas en la urbe de Sao Paulo en contra del aumento del pasaje del transporte público, ganaron fuerza de manera rápida, se extendieron por casi todo el país y sumaron otros reclamos en contra de los poderes públicos, la clase política y el Gobierno.
Demandas de más servicios de salud, mejores hospitales, reducción de la tarifa del transporte, menos corrupción, mayores inversiones en los sectores sociales y más seguridad se escucharon de diversas formas en capitales estaduales y ciudades importantes de este territorio suramericano.
Estos reclamos recibieron gran respaldo entre la ciudadanía y generaron un movimiento que ganó carácter nacional y repercusión internacional, al coincidir con la Copa de Confederaciones de Fútbol.
La gente entonces protestó tambiíén por las grandes inversiones realizadas por el Gobierno en los estadios y las deprimentes condiciones de los hospitales, los deficientes servicios de salud y de educación.
Muchos se preguntaron cómo un Gobierno que sacó a 36 millones de brasileños de la pobreza en una díécada, invierte en programas sociales y mantiene en un desarrollo económico con inclusión social, enfrentó multitudinarias manifestaciones.
Para el estudioso Osvaldo Silva, las revueltas de junio sacaron a la luz problemas pendientes que tienen relación con la necesidad de implementar cambios políticos a fin de garantizar un desenvolvimiento más equitativo y verdaderas reformas en los sectores sociales.
El propio exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva expuso en días recientes que una población más culta y con mayores posibilidades económicas demanda de mejores servicios y menos desigualdad.
Ante esta situación, la presidenta del país, Dilma Rousseff, quien se solidarizó con los reclamos de la ciudadanía, propuso la realización de un plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente que se encargaría de realizar reformas políticas.
Esta propuesta recibió el rechazo del Congreso y hasta de algunos partidos miembros de la coalición gubernamental, lo cual hizo que Rousseff llamara entonces a un pacto nacional con diversas fuerzas políticas y poderes para avanzar en cinco objetivos fundamentales y construir una mejor nación.
La mandataria invitó a la unidad con gobernadores y prefectos, con el Congreso y toda la sociedad para buscar soluciones rápidas y concretas a problemas de la economía, el transporte, la salud, la educación y tambiíén de la política.
Hay muchas cosas que aún requieren de mejoras y ¿por quíé no hacemos esto juntos?, sumando esfuerzos, se preguntó.
Entre los temas fundamentales, mencionó la importancia de alcanzar un equilibrio fiscal a fin de asegurar el desarrollo de la economía; el combate de la inflación; la lucha contra la miseria y la creación de nuevos puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida.
La jefa de Estado propuso igualmente iniciar una gran reforma política en Brasil y perfeccionar las armas para combatir la corrupción.
En tal sentido, recordó que el Senado aprobó un proyecto ley que torna ese delito en un crimen atroz, lo cual quiere decir -indicó- que el condenado por malversación, desvío de fondos y cohecho no tendrá derecho a fianza ni a ser amnistiado.
Se pronunció asimismo por cambiar las vías actuales de financiamiento de las campañas políticas, porque constituye una de las formas permanentes de conflicto entre los intereses públicos y privados.
Al referirse a la movilidad urbana, adelantó la entrega de 25 mil millones de dólares a estados y municipios para adquirir nuevos ómnibus, de ampliar la red de metros (trenes subterráneos) y de construir corredores específicos para autobús.
Las manifestaciones de junio último causaron tanta presión que las autoridades estaduales dieron marcha atrás al aumento del precio de los pasajes de los ómnibus.
En torno a otras acciones, el Gobierno aceleró el paso y lanzó en julio el programa Más Míédicos, el cual, a pesar de la fuerte oposición interna de grupos conservadores, da cuenta con seis mil 500 galenos, entre nacionales y extranjeros que dan cobertura a más de 23 millones de personas.
Las aspiraciones del Gobierno son elevar el número de profesionales en marzo próximo hasta 13 mil y asegurar la atención sanitaria a 46 millones de personas. Del total de galenos, poco más de cinco mil son cubanos que prestan sus servicios en Brasil.
En el área de transporte, la administración federal otorgó recursos a estados y municipios con miras garantizar la renovación del parque de ómnibus y prestar un mejor servicio a la población.
Igualmente se realizaron licitaciones de importantes vías federales con el propósito de mejorar la infraestructura nacional y se adoptan acciones para combatir la creciente corrupción y ofrecer más seguridad a la ciudadanía.
Estas medidas originaron que el respaldo a la dignataria, el cual descendió de manera abrupta del 55 por ciento en junio al 31 por ciento en julio pasado, exhiba ahora una recuperación y se ubique en el 56 por ciento, según un sondeo el Instituto Ibope.
Sin embargo, casi nada se avanzó en el tema de reforma política planteada por Rousseff. El Congreso, cuya mayoría de bloques partidistas se oponen a las propuestas de la jefa de Estado, trata de promover cambios insignificantes para la sociedad.
Según Rafael Joao Rodrigues, estudiante de sociología, los políticos se resisten a transformar las instituciones para evitar reformas que pongan en riesgos la renovación de sus mandatos.
Algunas propuestas como la eliminación de los aportes de empresas privadas a candidatos y partidos políticos son objeto de análisis, pero de ser aprobadas no podrán entrar en vigor para los comicios de 2014.
Por ello, analistas políticos no descartan nuevos escenarios de protestas en los venideros 12 meses con miras a reiterar asuntos pendientes que aseguren más democracia y más inclusión social.
