El Gobierno británico ha advertido a Iberdrola de que la independencia de Escocia podría forzar al grupo español a vender su red de transporte de electricidad en el norte de Gran Bretaña, que ahora es su activo más rentable en el país. En un documento sobre las consecuencias de la secesión, Downing Street explica que Scottish Power (filial de Iberdrola) perdería las ventajas regulatorias negociadas por Londres con Bruselas, que incluyen el mantenimiento integrado de los negocios de generación, transporte y suministro de electricidad en Escocia. «El Gobierno británico logró un tratamiento especial [en Bruselas] para que las compañías energíéticas escocesas no tuvieran que vender parte de sus negocios», dice el informe. En otros países europeos, incluso en Inglaterra, sí se ha tenido que efectuar la separación de actividades. En España, por ejemplo, REE agrupa las redes de alta tensión que antes eran de las empresas generadoras como Endesa y la propia Iberdrola. Reglas de la UE Según explica el Ejecutivo que lidera el primer ministro conservador David Cameron, «la Unión Europea (UE) exige la separación total de las actividades de transporte de las de generación y suministro, para promover la competencia y los intercambios [de energía] entre países. Para cumplir con ello, Scottish Power y Scottish & Southern Energy hubieran tenido que vender sus negocios de transporte, algo que no deseaban hacer. Gracias a la satisfactoria negociación promovida por Londres, las empresas escocesas quedaron protegidas de una posible venta de sus activos, y sólo tuvieron que hacer unos pequeños cambios de su gestión interna». Para satisfacer a Bruselas, bastó con que Scottish Power demostrara que «las salvaguardas en el marco regulatorio domíéstico ofrecen el mismo nivel de protección al consumidor que una separación de negocios», recuerda el documento. En su día, Londres alegó ante Europa que la separación podía limitar las inversiones necesarias para extender las redes elíéctricas en las zonas rurales de Escocia. A juicio de los partidos unionistas (conservadores, liberales y laboristas), esa excepción estaría en riesgo por el proceso independentista lanzado por el Gobierno escocíés que dirige el nacionalista Alex Salmond. A juicio del Gobierno británico, si los escoceses votan por la secesión en el referíéndum previsto para el 18 de septiembre, el nuevo Estado tendría que renegociar su entrada en la Unión Europea y perdería las ventajas obtenidas por Londres en áreas que van desde la citada regulación elíéctrica hasta el reparto de los presupuestos comunitarios y la política agrícola y pesquera. Como mínimo, los socios europeos analizarían si todavía están vigentes las razones que dieron pie a la excepcionalidad energíética escocesa. El Gobierno escocíés considera, por el contrario, que el nuevo país podría seguir perteneciendo a la UE sin tener que realizar apenas cambios sobre su actual relación con Bruselas. En el ámbito elíéctrico, Salmond apuesta por mantener el mercado único actual entre Escocia y el resto de Reino Unido, que asegura la competencia de Scottish Power y SSE frente a sus rivales ingleses (Centrica y las filiales de EDF, E.ON y RWE). Fuentes de Iberdrola no realizaron comentarios sobre el impacto de la posible independencia escocesa en su negocio. Otras fuentes del sector consideran que el Gobierno británico plantea un escenario muy hipotíético, que depende del resultado del referíéndum y de las potenciales negociaciones con Bruselas. Perjuicios En todo caso, si se cumple la advertencia de Downing Street, el grupo Iberdrola afrontaría un grave perjuicio para su negocio. La gestión de redes es con diferencia su actividad más rentable de Reino Unido, aportando la mayor parte de los beneficios. Esta división de Scottish Power incluye, además de las redes de transporte en alta tensión, las líneas de distribución a clientes que no se verían afectadas por la normativa comunitaria. Su retribución es fijada por el Gobierno, garantizando una rentabilidad mínima a las inversiones. Por el contrario, los beneficios del negocio de producción se han visto afectados por la subida de costes y el cierre de centrales antiguas. En plena crisis de la deuda soberana española, en 2011, Iberdrola estudió la posibilidad de vender una participación minoritaria en sus redes británicas, como fórmula para ganar liquidez en caso de no poder financiarse en el mercado. La mejora económica y la venta de otros activos menos estratíégicos hizo que el grupo cancelara ese proyecto.
