El empresario inmobiliario Joaquín Rivero ha sufrido un revíés en su batalla para intentar recuperar las acciones que íél y su socio Juan Bautista Soler tenían en Gecina, la mayor inmobiliaria francesa. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado las medidas cautelares que impedían a los acreedores, incluido el fondo estadounidense de capital riesgo Blackstone, la venta de los títulos de la empresa con sede en París que habían sido depositados por Rivero y Soler en una cuenta de Luxemburgo como garantía de un críédito de más de 1.600 millones de euros.
En el auto, con fecha 3 de marzo y que no es recurrible, la Sección Vigíésima Octava de la Audiencia de Madrid defiende la legitimidad de una juez luxemburguesa para decidir, a comienzos de este año, que se entregaran las acciones a los propietarios de la deuda, pese a las medidas cautelares decretadas en sentido contrario en 2013 por la justicia española.
Este enrevesado conflicto judicial tiene su origen en 2012, cuando Blackstone y el fondo Ivanhoíé Cambridge —del fondo de pensiones públicas de Quebec— empezaron a comprar deuda de Rivero y Soler despuíés de que sus sociedades Alteco y MAG Import, propietarias conjuntamente del 31% de Gecina, presentaran concurso de acreedores, el quinto mayor registrado en España.
Dos jueces de lo mercantil en Madrid, a cargo de dichos procesos concursales, decretaron que las acciones no fueran vendidas ni traspasadas de forma cautelar. Blackstone e Ivanhoíé llevaron el caso a un juzgado de Luxemburgo, donde se ordenó al banco depositario de dichas acciones, Calux, que las entregara a los nuevos propietarios de la deuda. Tras acceder a los títulos, Blackstone pidió una representación en el Consejo de Administración de Gecina acorde a su participación, del 22,9%.
De forma paralela, los fondos recurrieron las decisiones de los dos jueces españoles de decretar dichas medidas cautelares y la Audiencia de Madrid acaba de decidir sobre uno de esos dos recursos, el relativo a la sociedad de Rivero. La Audiencia considera que la ejecución de dichas garantías no supone un perjuicio para los acreedores y condena al pago "de los daños y perjuicios que las medidas cautelares en su momento adoptadas hayan causado a las demandadas" a la sociedad de Rivero.
Tras conocer que las acciones habían acabado en manos de los fondos, Rivero presentó hace unas semanas una denuncia penal en un juzgado de Madrid, admitida a trámite, contra Blackstone y otras entidades financieras por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por apropiarse —de forma indebida, según Rivero— del paquete de acciones. Rivero considera, además, que la justicia luxemburguesa no es competente para decidir sobre este tema, mientras Blackstone sostiene que el contrato y las garantías fueron firmadas y depositadas en Luxemburgo, por lo que la juez de aquel país está legitimada para decidir. Ahora, la Audiencia le da la razón.
Este litigio constituye el último capítulo de la caída del imperio que se creó en torno a la inmobiliaria Metrovacesa. Rivero perdió el control de esta compañía, pero íél y su socio se quedaron como accionistas en Gecina, participada por la española desde 2004
