Por... Gustavo Duch Guillot
Estamos acostumbrados –demasiado– a convivir con gobiernos sumisos a los intereses de los grandes sectores económicos, y ahora que la crisis económica actual afecta a grandes emporios, observamos cómo siempre hay argumentos para echarles una mano, dos o las que hagan falta. Salvar los bancos, rescatar autopistas y –en breve lo veremos– reflotar empresas marca España como Pescanova, son algunos ejemplos donde, como se se ha venido repitiendo, sus píérdidas las soportamos económicamente todas y todos los contribuyentes. En cambio, es menos habitual reflejar que ayudar colectivamente a mantener la cuenta de resultados de estas grandes multinacionales tambiíén tienen otras consecuencias para el medio ambiente y nuestra propia salud.
Es el caso de las cementeras. Desde el año 2007, con el inicio de la crisis en el sector de la construcción hasta el año pasado, sus actividades productivas descendieron un 50%, pero encontraron en la quema de residuos una oportunidad de negocio con triples beneficios. Así, todas las cementeras del Estado (controladas en su mayoría por empresas multinacionales como Lafarge, Asland o Cemex) abrieron sus compuertas a neumáticos usados, harinas cárnicas, lodos de depuradoras y otras basuras que les permite, uno, ser candidatas a subvenciones y ayudas de la Administración por gestionar residuos; dos, ahorrar en el combustible que requieren y; tres, teniendo en cuenta que el Estado les ha asignado una cuota mucho más alta de emisiones de CO2 que las que se sabe van a emitir, ganar dinero con la venta de derechos de emisión en el mercado del carbono. En concreto, en este último apartado, sólo el año pasado obtuvieron 92 millones de euros.
Pero como decía, la incineración y las ayudas a ella, no son sólo una forma encubierta y socializada de rescate de estas empresas, sino que su salida es nefasta para nuestra salud, según podemos deducir revisando las conclusiones de dos informaciones recientes. La primera, los datos que el octubre pasado ofreció la Agencia Internacional de Investigación Oncológica (IARC), que pertenece a la OMS, cuando despuíés de revisar más de mil estudios llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes para decir que la exposición a la contaminación ambiental en espacios abiertos, no sólo aumenta las probabilidades de enfermedades cardiacas y respiratorias, si no que tambiíén es un factor cancerígeno. Y contaminación ambiental –es decir, una mezcla compleja de gases y partículas–, ¿no es lo que sale de las chimeneas de cualquier cementera y sus actividades?
En segundo lugar, ahora hace pocas semanas, la revista especializada Environment International,en su edición de 2013, publicó un estudio elaborado por el área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, de Madrid, que confirma que “hay un incremento significativo de riesgo de muerte por cáncer en los municipios cercanos a incineradoras o instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrososâ€. Exactamente a lo que están dedicándose las cementeras y su nuevo negocio.
El estudio ha analizado la mortalidad en 33 tipo de cáncer durante diez años y constata que hay un riesgo mayor por las personas que viven en cinco kilómetros a la redonda de estas empresas. Exactamente hasta un 71% más de riesgo de morir de cáncer de pleura que en lugares donde no tengan ninguna incineradora cerca, y hasta un 30% de morir de cáncer de hígado, 27% de cáncer de estómago, 23% de riñón, 23% de ovarios, 17% de leucemia, 16% de vejiga, 15% de pulmones y finalmente un riesgo de un 13% más de morir de cáncer de recto.
Rescatar cementeras, dirán algunos, se tiene que aceptar porque “es una actividad industrial que genera riquezaâ€, pero cuando los estudios demuestran lo que demuestran y además nos dicen que los problemas descritos afectan en mayor medida a la infancia y a la gente mayor (las chimeneas de la cementera de Montcada i Reixach, Barcelona, por ejemplo, están situadas a menos de 150 metros del patio de un colegio y de un centro para mayores) es obvio que la discusión ya es otra: no se trata de producir más o menos, se trata de garantizar la reproducción de la vida, como los movimientos feministas nos están recordando.
Es preciso conseguir que las administraciones no concedan más permisos de incineración y anulen los permisos ya emitidos. Para tanto residuos que generamos hay alternativas (reducción, reutilización y reciclaje), para lo que no hay alternativas es para las muertes que la incineración puede generar.
