Por... Nicole Kaeding
El gobernador de Puerto Rico anunció la semana pasada que el pequeño territorio isleño no sería capaz de cancelar su deuda pendiente de $70.000 millones. El territorio autónomo está en su díécimo año de depresión y está perdiendo su base tributaria conforme miles de residentes se desplazan hacia el continente en busca de mejores oportunidades.
El gobierno puertorriqueño, que ha gastado de manera salvaje, es principalmente responsable de la crisis. Pero Washington, DC, merece una porción considerable de la responsabilidad por el desorden en Puerto Rico. Las políticas defectuosas de Washington han ayudado a Puerto Rico a caer en la insolvencia fiscal de varias formas. Washington infló los costos de transporte, destruyó el mercado laboral de la isla con un salario mínimo anormalmente alto y con prestaciones sociales esplíéndidas, y presionó por una mal concebida política tributaria que creó una burbuja económica.
Las islas tienen costos de transportación que son inusualmente altos debido a sus ubicaciones remotas, pero una ley anterior al New Deal eleva los costos todavía más para Puerto Rico. La Ley Jones decreta que los productos siendo enviados entre puertos de EE.UU. deben ir en barcos alquilados en EE.UU. con una tripulación estadounidense. Eso significa que los productos viniendo del continente no pueden venir en los barcos más competitivos en cuanto a precio. Deben ir en una embarcación de una de las cuatro empresas estadounidenses de carga que operan en esa ruta. La competencia limitada incrementa los costos. Los costos de transporte de Puerto Rico casi duplican aquellos de sus vecinos isleños, haciendo que los productos sean más caros en la isla. Tambiíén limita la habilidad de Puerto Rico de exportar sus productos al continente.
El salario mínimo federal de $7,25 por hora se aplica en la isla. Los efectos del salario mínimo son bien conocidos, pero tiene una influencia desproporcionada sobre Puerto Rico. El ingreso medio de la isla es solo un 40 por ciento del ingreso medio en el continente. 28 por ciento de los residentes en Puerto Rico ganan $8,50 por hora o menos, comparado con 3 por ciento en el continente. De manera que el salario mínimo tiene un impacto mayor en Puerto Rico. Sería el equivalente a tener un salario mínimo por hora de $19 en el continente.
El salario mínimo alto eleva los costos del empleo y deja fuera del mercado a muchos empleadores, causando que se eleve el desempleo y que disminuya la recaudación tributaria. El salario mínimo es una razón por la cual el desempleo en la isla casi triplica aquel del continente.
El salario mínimo está combinado con unos esplíéndidos beneficios sociales. Un hogar de tres en Puerto Rico puede ganar hasta $1.700 al mes en beneficios de Medicaid, bonos para alimentos, subsidios para los servicios públicos, y asistencia para los niños dependientes, comparado con $1.150 al mes en beneficios directos atados al salario mínimo. Los individuos están mejor sin trabajar, y pueden elegir esa opción. Solo 40 por ciento de los residentes en Puerto Rico están empleados o buscando un trabajo, comparado con 63 por ciento en el continente.
Finalmente, Washington fomentó la burbuja en Puerto Rico con una política tributaria inconsistente. Gracias al Congreso, los bonos municipales puertorriqueños están exentos de impuestos federales —al igual que otros estados— pero tambiíén están exentos de impuestos estatales y locales. Esto atrajo compradores al mercado de bonos, permitiendo que Puerto Rico emita miles de millones en deuda a un costo barato, y posponga el control del gasto.
En 1976 el Congreso permitió a las corporaciones estadounidenses con subsidiarias en los territorios estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, evitar la tributación federal sobre los pagos de dividendos a la empresa matriz. En esencia, las empresas estadounidenses podían reubicar gran parte de su negocio a Puerto Rico para evadir la tributación federal. Como era de esperarse, muchas empresas se aprovecharon de esta ventaja y la economía de la isla creció rápidamente, pero nada dura para siempre. A mediados de los noventa, el Congreso y el Presidente Clinton eliminaron gradualmente esta provisión durante un periodo de diez años. Las empresas cerraron en la isla y se mudaron. La depresión de 10 años de Puerto Rico empezó en 2006, el primer año en que se empezó a eliminar la preferencia tributaria.
La incapacidad de Puerto Rico de limitar el gasto público, reformar sus leyes laborales proteccionistas e instituir una reforma tributaria pro-crecimiento de gran envergadura todos son factores que contribuyen a su precaria situación con la deuda. Pero Puerto Rico no está solo. Las políticas malas de Washington han agravado mucho el dolor.
