Por Vidivi
La OCDE estima que la píérdida de crecimiento a medio plazo será del 10,6% del PIB, sólo superada por Irlanda, debido al fuerte impacto del desemleo.
El impacto de la crisis en España será más duro y prolongado que en el resto de los 30 principales países del mundo desarrollado, con la excepción de Irlanda donde tambiíén causa estragos la escalada vertiginosa del paro. Esta es una de las conclusiones del informe anual ‘Objetivo Crecimiento’ publicado ayer en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que se aprueba el aumento de los impuestos sobre el consumo e incluso se sugiere a Estados Unidos la creación de un IVA.
El estudio, centrado esta vez en el impacto de una recesión sin precedentes, sitúa a Irlanda y España en los vagones de cola del tren de la recuperación cuando algunos países todavía no han salido del túnel de la crisis. La merma en el potencial de crecimiento a medio plazo de ambos países será del 11,8% y del 10,6%, respectivamente, frente a una caída media del 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de la OCDE.
Tambiíén se colocan por encima del promedio de la organización países como Polonia (-4,5 puntos de PIB), Italia (-4,1 puntos), Alemania (-3,9), Holanda (-3,7), Bíélgica (-3,7) y Grecia (-3,6%). Las economías relativamente menos afectados serán las de Japón (-2,1 puntos de PIB), Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda (-2,4 puntos), Australia y Austria (-2,6), Portugal y Dinamarca (-2,7), Francia y Finlandia (-2,8) y Reino Unido (-2,9).
Deterioro laboral
En el caso de los rezagados ‘farolillos rojos’, el empobrecimiento obedecerá esencialmente al fuerte incremento del paro. El impacto de la crisis sobre el empleo recortará el PIB en 9,8 puntos en Irlanda y en 8,4 puntos en España, cuando la media ponderada en la OCDE será sólo de 1,1 puntos. En los dos países, el deterioro del mercado laboral conlleva una considerable reducción de la población activa como consecuencia del cambio de tendencia en la llegada de inmigrantes.
El otro factor responsable del desplome en la capacidad de crecimiento económico será el aumento de los costes de capital. En esta variable, resultante de la crisis de confianza causada por el estallido de la burbuja del críédito que ha incrementado la percepción del riesgo, España (-2,1 puntos) e Irlanda (-2 puntos) se sitúan en la media de la OCDE (-2 puntos).
En cuanto a la tendencia general para los países de la organización, los autores del informe auguran que, «aunque la crisis dejará a los países de la OCDE más pobres de lo que hubieran sido, el crecimiento no debería verse afectado a largo plazo por la crisis». «La urgencia de reformas estructurales se ha reforzado por la crisis», enfatizan antes de insistir sobre la necesidad de la regulación de los mercados financiero, laboral y productivo.
Necesidad de más reformas
El estudio, que tambiíén evalúa el grado de cumplimiento en cada Estado de las recomendaciones de esta institución internacional, indica que España no ha llevado a cabo suficientes reformas, en particular en la educación, para reducir el fracaso escolar en Secundaria, y en el mercado de trabajo. Sus consejos en el capítulo de las pensiones han quedado limitados a la reforma llevada a cabo en 2007, que aumentó «modestamente» el periodo de cotización que da derecho a pensión y ha creado incentivos para que continúen en actividad personas que han alcanzado la edad de jubilación.
«El mercado laboral necesita ser ajustado claramente» para reducir la dualidad entre los contratos temporales, demasiado abundantes, y la elevada protección de los fijos, declaró en la presentación del documento Carlo Padoan, economista jefe de la OCDE, quien tambiíén mencionó los sectores de la vivienda y el financiero. Sin citar nombres concretos, insistió en que los países de la zona euro donde «el perfil de la deuda parece insostenible» deben poner en marcha inmediatamente medidas de ajuste para restablecer la situación de sus cuentas.
El informe recomienda en general una reducción de las retenciones sobre las rentas y un aumento de los impuestos sobre el consumo y la propiedad hipotecaria.
