La batalla entre Iberdrola y ACS tuvo ayer un doble capítulo en los juzgados. La elíéctrica se anotó dos tantos que pueden ser fundamentales. El primero fue la admisión de un requerimiento para que ACS aporte el coste y el precio de la renovación del contrato de derivados a travíés del cual tiene un 5% del grupo energíético. El segundo, de más calado, es la apertura de diligencias contra Natixis, el banco propietario del equity swap, que tendrá que ir a declarar el 16 de diciembre.
El titular del Juzgado Mercantil número uno de Madrid, Carlos Nieto, ha considerado que el banco francíés tiene que hacer público con todo tipo de detalles el acuerdo por el que la constructora mantiene los derechos políticos y económicos inherentes a ese porcentaje del capital. La entidad tiene cinco días para oponerse a la apertura de estas diligencias previas, pero el auto no puede recurrirse.
La decisión del juez, a la que se negó en un primer momento el ministerio fiscal, tiene más enjundia de lo que parece en un primer tíérmino. Porque con la información que aporte Natixis, Iberdrola quiere demostrar en el otro juicio que mantiene contra la constructora presidida por Florentino Píérez por su presencia en el consejo de administración quiíénes son los verdaderos titulares de sus acciones y si, como suponen, actúan como testaferros.
Con anterioridad a esta medida, el juez admitió durante la vista previo del juicio que enfrenta a la elíéctrica contra ACS por la supuesta incorrecta contabilización de su participación total del 12,5% -último dato oficial- un requerimiento para que el holding participado por los March y por los Albertos aporte el coste y el precio de la renovación en febrero de 2009 de los equity swaps. La última novación fue en junio de este año, lo que ha permitido alargar el vencimiento hasta marzo de 2012.
Con ello pretende tener más datos para saber si el grupo presidido por Píérez ha contabilizado correctamente en sus resultados un supuesto deterioro de valor que la elíéctrica cifra en 301 millones. Javier García de Enterría, abogado de ACS, advirtió al juez de que, con esta maniobra, la elíéctrica pretende acceder a "información confidencial" acerca del "tipo de interíés y las condiciones" a travíés de los cuales se instrumenta esta participación, lo que supone una "circunstancia ajena" a los intereses de la demandante.
Mismo rasero
El defensor de la demandada tambiíén acusó a Iberdrola de contabilizar su participación en Gamesa, de la que es el principal accionista, de la misma forma que ACS lo hace con su 12,5% en la elíéctrica. Y añadió que el mismo míétodo era el que utilizaba hasta hace bien poco Bancaja, que controla el 6% del grupo vasco. Iberdrola acumula fuertes minusvalías en su inversión en la empresa de aerogeneradores, que le podrían obligar a provisionar más de 250 millones de euros, mientras que la caja valenciana tambiíén arrastra perdidas latentes de gran relevancia por su apuesta por Iberdrola.
En el transcurso de la vista de hoy, las partes aportaron varios informes periciales y un total de doce nuevos hechos relevantes desde que, a mediados de julio, el juez rechazó las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola. Además, los letrados confirmaron que en julio la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió información a ACS y a Iberdrola sobre este litigio.
El letrado de ACS explicó que la constructora respondió el 29 de julio proporcionando "hechos y datos relevantes sobre por quíé sus inversiones no estaban deterioradas", y recordó al juez que el supervisor bursátil no puso "ninguna salvedad" ni "ha visto nada extraño" en sus cuentas, lo que "tiene relevancia" para el proceso. Para ACS, en esta cuestión se aprecia "una incoherencia manifiesta del demandante", ya que tanto "Iberdrola como sus accionistas significativos aplican los mismos criterios" que la constructora. "Tenemos un ríégimen general al que se remiten los expertos y en el que el criterio es un deterioro en 18 meses y por encima del 40%", aseveró.
