Por... DAVID STRINGER y SARAH DiLORENZO
LONDRES -- El gobierno británico sopesaba el lunes en quíé grado se opondrá a un nuevo pacto europeo que busca aliviar la crisis del euro, al que se ha negado a sumarse y que podría traerle conflictos de interíés con el tratado existente de la UE.
El primer ministro David Cameron fue el único líder de las 27 naciones de la Unión Europea que la semana pasada se negó a considerar un plan mediante el cual las naciones habrían sometido sus presupuestos a la revisión de un organismo central, que limitaría los díéficit que puedan tener.
El veto de Cameron amenaza con dejar aislada a Gran Bretaña en las postrimerías de la UE, mientras que los 17 países de la eurozona -y casi todos sus vecinos- acordaron considerar un nuevo tratado para estrechar los lazos políticos y económicos.
Empero, el gobierno de Cameron teme que el nuevo pacto interfiera con el existente tratado de la UE de la que forma parte Gran Bretaña. En particular, la oficina de Cameron dijo que no está claro cómo las instituciones de la UE, como la Comisión Europea, su brazo ejecutivo en Bruselas, podrían ser utilizadas con dos tratados diferentes.
"Hay temas planteados por esto, que las instituciones sirvan a dos señores -la eurozona y la Unión Europea- y debemos examinar esos temas con mucho cuidado", dijo el vocero de Cameron, Steve Field, a los periodistas.
"Si hay instituciones que sirven a los 27 y sirven a los 17 (países), existe el potencial de un conflicto de interíés", dijo.
Bloquear el uso de las presentes instituciones -sus burocracias y sus edificios- en el nuevo tratado complicaría la adopción del nuevo acuerdo.
Field dijo que las negociaciones sobre el acuerdo seguramente continuarán durante muchas semanas. "Lo que está muy claro en el tratado de la Unión Europea es que las instituciones nada deberían hacer que perjudique en forma alguna al mercado único", afirmó.
Un funcionario de la Comisión Europea, que no quiso idetificarse según la política de la institución, dijo que seguramente los 27 miembros de la UE deberán aprobar el uso de las instituciones comunitarias para el nuevo acuerdo.
