El estatuto de preferencias arancelarias beneficia ciertas exportaciones de países pobres y en desarrollo a Estados Unidos.
Estados Unidos anunció este lunes la suspensión de Argentina de su sistema de preferencias arancelarias a causa de un largo contencioso pendiente de resolución con dos empresas norteamericanas, que reclaman indemnizaciones por valor de 300 millones de dólares.
El estatuto de preferencias arancelarias beneficia ciertas exportaciones de países pobres y en desarrollo a Estados Unidos, en el caso de Argentina por un monto de 477 millones de dólares, informó la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglíés) en su comunicado.
Dos concesionarias estadounidenses que operaban en Argentina, Blueridge (electricidad) y Azurix (saneamiento de aguas), ambas con sede en Texas (sur), vieron sus contratos rescindidos y demandaron al país sudamericano ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICSID por sus siglas en inglíés) del Banco Mundial (BM).
El ICSID declaró a Argentina culpable en dos sucesivas sentencias del panel de arbitrio en 2005 y 2006, según el USTR, pero hasta ahora se niega a pagar.
Argentina aduce que las reglas del ICSID establecen que las indemnizaciones pueden ser abonadas en función de la legislación interna de cada país, según fuentes diplomáticas conocedoras del caso.
Pero Estados Unidos defiende a esas empresas, que exigen que el pago se realice lo antes posible.
La suspensión comercial entrará en vigor 60 días despuíés de su publicación en el Registro Federal estadounidense, explicó el comunicado.
"Urgimos al gobierno de Argentina a que pague las indemnizaciones. Eso nos permitiría reconsiderar la pertenencia de Argentina al GSP", añadió el texto.
Las exportaciones argentinas que se benefician del ríégimen GSP (que fue creado por Estados Unidos en 1974) representan cerca del 11% del total del país sudamericano a Estados Unidos, según los datos del USTR.
Argentina tiene otro delicado contencioso pendiente ante cortes estadounidenses, por pagos pendientes con inversores privados tras la moratoria de su deuda externa declarada en 2001.
