El mayor contrato para la industria española fuera de nuestras fronteras comienza a mandar preocupantes señales de peligro. Cuando ya han pasado prácticamente tres meses de la firma oficial del AVE a La Meca (el contrato se rubricó el pasado 14 de enero), el consorcio tiene verdaderos problemas para encontrar los avales, una condición obligatoria para que la oferta ganadora española pueda poner en marcha esta licitación valorada en 6.700 millones de euros.
Según explican fuentes conocedoras del proceso a elEconomista, "a día de hoy, las dificultades son sobre todo para las empresas privadas más pequeñas que forman el consorcio". Y no se trata por temas de viabilidad de estas compañías, cuya solvencia está fuera de toda duda, sino por el riesgo que comporta un proyecto con un alto contenido de innovación tecnológica para afrontar las dificultades del desierto.
Además, en casos concretos, el aval que tienen que desembolsar algunas empresas es incluso mayor que su facturación anual, algo bastante poco inusual en este tipo de operaciones. Si a ello se suma las dificultades de financiación que presenta la banca en la actual coyuntura económica, el proceso para el consorcio está siendo delicado.
Plazo de seis meses
El plazo se cumpliría a los seis meses de la firma del contrato, por lo que al consorcio todavía le queda hasta comienzos de junio para conseguirlo. El dilema del aval sería un problema menor para las empresas públicas dependientes del Ministerio de Fomento que forman parte del consorcio, como es el caso de Renfe Operadora, Adif y la consultora estatal Ineco. Precisamente, el presidente del consorcio, Manuel Benegas, proviene de esta última, donde ejerce el cargo de director de operaciones.
Las mismas fuentes añaden que, no obstante, todavía queda tiempo suficiente para que se solucione el problema y que, lógicamente, tratándose de un contrato respaldado por el Estado español sería incomprensible perderlo por un motivo de estas características.
En un primer momento, las garantías del contrato las deben dar las empresas del consorcio y este aval se debe constituir a travíés de un sindicato de bancos que estaría formado por Banesto, HSBC, La Caixa, Bankia y Sabadell. Este periódico se puso en contacto con un portavoz oficial del consorcio, que tras ser preguntado por las dificultades del aval no hizo ningún comentario.
El Gobierno galo y la industria ferroviaria francesa siguen de cerca este proceso, pese a ser los grandes derrotados de la licitación, en espera de que la propuesta española no pudiera hacer frente al problema del aval o tuviera cualquier otro problema durante el contrato.
Además de los ferrocarriles públicos franceses -la SNCF-, en la propuesta del país vecino tambiíén participaba el fabricante galo de material ferroviario Alstom.
