La auditora Deloitte tiene un problema. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha aceptado a trámite la demanda presentada contra ella por un grupo de accionistas de Bankia. La acusan de no haber “revisado y verificado correctamente†el balance del banco correspondiente al año 2011, que permitió al banco salir a bolsa como una entidad solvente cuando su situación distaba mucho de serlo.
Todos los consejeros que han declarado hasta ahora ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por el “caso Bankia†han echado balones fuera y acusado a la auditora de no haberles informado del desfase contable. Pese a ello, los nuevos gestores de Bankia mantienen su confianza en Deloitte y el pasado 25 de mayo acordaron renovar a la auditora para el ejercicio de 2012 (acta nº 24 del Consejo de Administración).
Lo relevante del caso es que la demanda se tramita por un juzgado de lo mercantil y no de lo penal, como es el caso de los 33 consejeros de Bankia y BFA imputados, lo que hace que su instrucción sea mucho más rápida. Los demandantes reclaman a Deloitte y a Francisco Celma, encargado de auditar la entidad, el daño causado por la desvalorización de las acciones, cuya cuantía debería establecer un perito designado por el juez. Los accionistas piden la diferencia entre lo que valían las acciones de Bankia cuando las compraron y su valor actual. Si fuese condenada, abriría el camino a los cientos de miles de accionistas perjudicados y tendría que enfrentarse a pagos multimillonarias.
La preocupación es grande en la auditora, que ha presentado un recurso contra la admisión a trámite de la demanda en la que dice al juez de lo Mercantil que no tiene competencia en este asunto, que, en todo caso, les correspondería a los juzgados de instrucción de no ser aceptada su petición de archivo. El juez dijo en el auto de admisión que “vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este órgano tiene jurisdicción y competencia objetivaâ€. Los letrados de la auditora, del prestigioso despacho Garrigues, niegan que exista una relación de causalidad entre la supuesta falta de diligencia que se les atribuye y el daño patrimonial sufrido por los accionistas. Tanto Deloitte como Francisco Celma están citados como testigos en la Audiencia Nacional.
Los demandantes tienen hasta el próximo día 29 para presentar alegaciones contra el escrito de Deloitte. A partir de ese momento, el juez dispone de cinco días para adoptar una resolución.
