Malas noticias para los delicados balances de las compañías de telefonía móvil. Ya había habido sentencias sobre el espectrazo pero, o bien no se referían estrictamente a la telefonía celular o bien eran sobre reclamaciones menores. Ahora, el Tribunal Supremo ha fallado contra Orange y Vodafone y ha acabado de un plumazo con las últimas esperanzas que tenían las compañías de móvil de recuperar los casi 1.000 millones de euros que pagaron, junto a otras empresas de telecomunicaciones y audiovisuales, en 2001 por lo que se llamó entonces el espectrazo.
Bajo esa denominación, se conoció el incremento descomunal de la llamada tasa por Reserva del dominio público radioelíéctrico, cuyo importe se multiplicó por 17, para compensar la casi nula recaudación que se obtuvo en 2000 por las licencias de telefonía de tercera generación (UMTS), y que contrastaban con los ingresos millonarios que obtuvieron otros países que las subastaron despuíés como Reino Unido (30.000 millones de euros) o Alemania (48.000 millones). El Gobierno de Josíé María Aznar decidió corregir el error recaudatorio resucitando una vieja tasa por el uso de frecuencias y multiplicando su importe.
Las compañías de móviles, que debían pagar la mayoría de la tasa (831 millones de euros) no tardaron en recurrir esa tasa al considerar que era desproporcionada. Tras ser desestimados sus recursos sucesivamente por la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE, el caso llegó al Supremo, que acaba de fallar en contra de los operadores en su principal reclamación, la tasa por las frecuencias de UMTS.
En efecto, en sendas sentencias del pasado 7 de marzo, el Alto tribunal desestima los recursos de France Telecom (entonces Amena y que ahora funciona bajo la marca Orange) que reclamaba por un lado los 162,97 millones de la tasa correspondiente a las frecuencias de UMTS y, por otro, los 33,9 millones pagados por las de DCS-1800, que se usan para la telefonía de la anterior generación.
Además, el Supremo acaba de rechazar el incidente de nulidad de actuaciones que presentó Vodafone contra tres sentencias del 19 de julio de 2012 (consultar la primera sentencia, la segunda sentencia y la tercera sentencia) en las que tambiíén desestimaba la reclamación de 197,5 millones de euros en conjunto por la liquidación de la tasa en 2001. Se trata de la última arma legal que tenía la operadora para tratar de recuperar lo pagado, al entender que las sentencias del Supremo no habían abordado ni fiel ni directamente el asunto que se reclamaba. Pero tampoco en este caso, el alto tribunal ha aceptado la reclamación, informaron en fuentes de la empresa.
No son las primeras sentencias sobre el espectrazo, aunque sí las primeras referidas a las licencias UMTS. Anteriormente, a finales de 2007, el Tribunal Supremo ya desestimó el recurso presentado por Jazztel, que tuvo que pagar los 12,7 millones de euros que se le reclamaban. Y en abril de 2012, otra sentencia del Supremo confirmaba el pago por Telefónica de 677.599 euros por la tasa correspondiente a una licencia de DCS-1800. Tambiíén se han fallado en contra los recursos presentados por compañías audiovisuales como Sogecable.
Pero ninguna de ellas hacían referencia a la tasa que había que pagar por las frecuencias de UMTS, que fueron las que mayor incremento sufrieron, ya que pasaron de 4,9 a 162,9 millones de euros. Con las sentencias contra Orange y Vodafone, quedan ya solo por resolver los recursos de Telefónica y de Xfera (actualmente Yoigo), aunque todo apunta a que el Supremo seguirá al pie de la letra los fallos dictados y desestimará los recursos pendientes.
En fuentes de los operadores apuntan que la única posibilidad “remota†es convencer a la Comisión Europea para que, a la vista de estas sentencias, vuelva a llevar el caso ante el Tribunal de la UE, que ya lo rechazó.
Pero lo que más temen ahora las compañías es que esas sentencias pudieran animar al Gobierno, apretado por las estrecheces presupuestarias, a aplicar incrementos desmesurados a cualquiera de las tasas que pagan los operadores.
No es la única pendencia que tienen los operadores por la “voracidad fiscalâ€. La más reciente es a propósito del canon que pagan para financiar a RTVE, tras la decisión del anterior Gobierno socialista de eliminar la publicidad en la televisión estatal.
