La compañía petrolera está dispuesta a invertir más de 7.500 millones de euros en Canarias en caso de que las exploraciones de crudo en la región arrojen un resultado positivo y se produzca el descubrimiento de hidrocarburos, indicó el director general de Estrategia y Control de la compañía, Pedro Fernández Frial.
Durante las jornadas 'Asuntos clave de la energía en Europa', organizadas por Enerclub, Frial explicó que el hallazgo de hidrocarburos en Canarias podría reducir un 10% las importaciones nacionales de hidrocaburos y procurar una producción de cerca de 100.000 barriles diarios.
Las perforaciones se realizarán a una profundidad total de 3.500 metros, considerada "habitual y común" en la industria petrolera, y la entrada en funcionamiento del yacimiento permitiría reducir el díéficit nacional en más de 28.000 millones en veinte años, aseguró el directivo.
Largo proceso
La petrolera realiza exploraciones en Canarias desde último trimestre de 2012, despuíés de que el Tribunal Supremo avalase en agosto los permisos de Repsol para hacer prospecciones en aguas canarias, poniendo fin aun largo enfrentamiento entre la empresa y el gobierno canario, que ha rechazado las perforaciones desde el principio por su posible impacto medioambiental y en el turismo.
Repsol empezó a explorar la zona en 2001 y recibió en aquel año luz verde por parte del gobierno de Josíé María Aznar para realizar las prospecciones correspondientes. La petrolera y a sus socios en este proyecto -Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG- prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes.
Tres años despuíés, en 2004, la autorización fue anulada en 2004 por el Tribunal Supremo por defectos formales, que fueron corregidos posteriormente.
En consecuencia, en marzo de 2012, el Consejo de Ministros decidió mediante real decreto convalidar los permisos otorgados a Repsol once años antes por entender que se habían solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a ponerlos en cuestión.
