Los paraísos fiscales se han introducido en la vida económica de las grandes empresas y los patrimonios de mayor tamaño. No es un fenómeno nuevo, pero lo relevante es que nada indica que sientan la presión de la opinión pública en su contra. Sólo hay que tener en cuenta que en el año 2012 los agentes económicos privados residentes en España -familias y empresas- invirtieron en el exterior a travíés de alguno de los territorios de baja o nula tributación 595 millones de euros como inversión directa; pero la cifra aumenta hasta los 1.068 millones de euros si se observan las inversiones extranjeras realizadas en España a travíés de paraísos fiscales. En el primer caso, se trata de un incremento del 87% respecto del año anterior, mientras que en el segundo la subida es del 81%.
Como se ha dicho, no se trata de un fenómeno nuevo. De hecho, y según el Registro de inversiones exteriores, en las dos últimas díécadas la inversión -legal- realizada a travíés de paraísos fiscales es muy importante. En concreto, la inversión española realizada a travíés de territorios offshore asciende a 11.862 millones de euros, mientras que la de origen extranjero invertida en España llega a 8.342 millones. Ahora bien, como refleja el último informe oficial sobre el sector exterior español, “es reseñable la píérdida de cuota que experimentan los paraísos fiscales y Latinoamíérica en los últimos ejercicios†(el informe acaba en 2011).
¿Y cuál es el paraíso fiscal preferido por las empresas españolas? Básicamente, tres territorios que acumulan prácticamente la mitad de la cifra total. Las Islas Caimán, cuyo peso se ha ido reduciendo a lo largo de los años, se han llevado 3.080 millones de inversión española; las Islas Vírgenes británicas, 2.543 millones, mientras que Panamá ha podido recibir 1.787 millones gracias a su baja tributación
En total, 37 territorios constituidos como paraísos fiscales se han beneficiado del interíés de las empresas por pagar menos impuestos. En todos los casos, se trata de operaciones legales comunicadas formalmente a las autoridades comerciales españolas, que obligan a las empresas –a afectos estadísticos- a cumplimentar una serie de modelos administrativos en los que deben detallar su inversión. Igualmente, un real decreto de 1999 obliga a una declaración previa en relación a las inversiones procedentes de paraísos fiscales.
Blanqueo de capitales
Un real decreto de 1991 precisó los 48 territorios considerados paraísos fiscales. Sin embargo, algunos de ellos han desaparecido de esa lista tras alcanzar acuerdos en el GAFI (el grupo creado en la OCDE para combatir el blanqueo de capitales), y despuíés de haber tenido que endurecer su legislación.
Otra cosa distinta es la fuga de capitales de origen ilícito que escapa del control del fisco, en la inmensa mayoría de las ocasiones mediante la creación de sociedades pantalla que dificultan la localización del dinero. No obstante, la declaración previa incluso no es necesaria cuando la inversión se haga en valores admitidos a negociación en un mercado secundario (bolsa) o mediante participaciones en fondos de inversión inscritos en la CNMV, así como cuando la participación extranjera no supere el 50% del capital de la sociedad española destinataria de la inversión.
El año de mayor ‘trasiego’ en cuanto a utilización de paraísos fiscales fue 1999, cuando se colocaron en esos territorios 1.595 millones de euros, casi el triple que el año pasado.
Las atractivas características tributarias y financieras de los territorios offshore les han permitido captar una parte significativa y cada vez más importante de los flujos financieros mundiales. De hecho, y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los 40 países y territorios considerados paraísos fiscales mantenían activos y pasivos por un valor de alrededor de cinco billones de dólares (casi cuatro veces el PIB de España) a finales de 2009.
Según la Oficina Presupuestaria de EEUU, unas 730 empresas que cotizan en los mercados bursátiles estadounidenses, como Coca-Cola, Oracle y Seagate Technology, declararon a la SEC (el regulador bursátil) que están constituidas en sociedades de las Islas Caimán.
En el caso español, un informe del Observatorio de la Responsabilidad Corporativa reveló que 30 de las 35 compañías del Ibex realizaban operaciones a travíés de sociedades radicadas en paraísos fiscales.
