Lo comentan por los pasillos de la CNMV con cierto dolor de corazón y decidido propósito de enmienda: “Lo que ha pasado en Pescanova demuestra a las claras lo importante que es el buen gobierno corporativo en las sociedades cotizadasâ€. Dicho en otras palabras, el grupo pesquero de Manuel Fernández Sousa constituye a ojos del regulador lo más parecido a un cortijo andaluz, entiíéndase en este caso un pazo a la gallega, donde ni se cumplen ni se explican las mínimas recomendaciones de ese modelo de autorregulación bursátil puesto en práctica cuando España empezaba a mordisquear la manzana de la crisis financiera.
Elvira Rodríguez, en su calidad de flamante vigilante de los mercados, no está dispuesta a que Pescanova se convierta en un nuevo SOS-Cuíétara, de infausto recuerdo para su antecesor, Julio Segura, y que obligó a la Comisión de Valores a enviar a alguno de sus directivos ante el juez en un intento de justificar lo injustificable. La CNMV parece atacada por una maldición en virtud de la cual todo aquel que se atreve a levantar las alfombras termina picado por la serpiente. El veneno sume despuíés a la entidad en una especie de letargo invernal, un sueño para la eternidad del que parece imposible despertar por muy numeroso que se divise el banco de tiburones y pese al grito de socorro que clama al cielo desde la playa bursátil.
La CNMV se precipitó por el barranco de una burocracia irritante a partir de la nefanda crisis de Gescartera, donde todos los políticos se guarecieron detrás de la figura de Pilar Valiente. La entonces presidenta de la Comisión de Valores fue inmolada en la hoguera de las vanidades mientras otros camuflaban sus negligencias y responsabilidades. El tiempo ha terminado por encontrar las vueltas a algunos de los que entonces se marcharon de rositas, pero eso ha sido despuíés de sufrir nuevos escándalos muy onerosos para la credibilidad de la economía española y, lo que es peor, con un balance de víctimas bastante más siniestro.
La institución fue concebida a partir de la ley 24/1988 del Mercado de Valores con todos los predicamentos para modernizar el sistema financiero e impulsar el denominado capitalismo popular como mecanismo de defensa de los inversores minoritarios. La CNMV se erigía en el justiciero bursátil dispuesto a imponer la transparencia y control de todas aquellas sociedades que reclamaran la confianza de los ahorradores para la financiación y desarrollo de sus proyectos empresariales. La entidad, dependiente del Ministerio de Economía pero ataviada con los adornos de una supuesta independencia política, atrajo en sus orígenes a un buen número de profesionales entregados con la mayor ilusión a una misión que se entendía tan especial como solemne.
Entre la supervisión y la regulación
Veinticinco años despuíés y despuíés de todo lo que ha llovido, la Comisión de Valores que ha heredado Elvira Rodríguez es una institución arrugada, una vieja prematura, que se resiste a enfrentar los grandes desafíos de un mercado plagado de lagunas legales y en el que la audacia se confunde con la temeridad. Algo de esto era lo que implícitamente criticaba Manuel Conthe cuando se quejaba de que la entidad sólo era un organismo de supervisión sin mayor capacidad regulatoria que la impuesta desde el Gobierno de turno.
La salida de Pilar Valiente dejó a la Comisión huíérfana de esos valores que inspiraron la constitución del organismo. Blas Calzada llegó a la CNMV curado de espanto, con más conchas que un galápago y la misión de rebajar el perfil para no molestar a sus mayores del Ministerio de Economía. Siguiendo las instrucciones del entonces todopoderoso Rodrigo Rato, el nuevo presidente llevó a cabo una reestructuración interna reduciendo el organigrama funcional a partir de tres direcciones generales: Mercados, Supervisión y Servicios Jurídicos. De esta forma se conseguía una concentración de poderes a travíés de tres virreyes bien aleccionados y más pendientes de guardar la ropa en sus respectivos departamentos que de ganar metros nadando contra la corriente de unos mercados en claro proceso de ebullición.
Las burbujas financieras se han agitado desde entonces en el colador de la CNMV y se han mezclado con intrigas palaciegas como las fomentadas por el que fuera asesor presidencial y ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, en su afán por tirar de la silla del BBVA a Francisco González. La jugarreta se saldó con la precipitada dimisión de Conthe y la degradación paulatina de Carlos Arenillas, el antiguo factótum cuya memoria viva todavía sigue latiendo en muchas de las dependencias del edificio Edison, la nueva sede que alberga a la Comisión de Valores en pleno barrio madrileño de Salamanca.
Tras varios meses itinerantes entre el viejo domicilio de alquiler y el nuevo que adquirió su antecesor, la nueva presidenta ha conseguido, al fin, acomodar un discreto despacho desde donde pretende pasar página a una etapa que es preciso olvidar cuanto antes. La redención de la CNMV pasa por despertar la conciencia dormida de un organismo llamado a convertirse en la última esperanza blanca del inversor anónimo, el sempiterno minoritario del que nadie se acuerda hasta que llega la hora de reclamarle una delegación de voto para la Junta de Accionistas.
Los escándalos de Nueva Rumasa y las preferentes
Elvira Rodríguez tiene que pelar todavía muchas patatas calientes, pero sabe que la mano de seda aguanta cualquier tipo de quemadura si va enfundada en un guante de hierro. Con esta filosofía, y desde una posición de diálogo con los emisores, la supervisora mayor del Reino está dispuesta a congraciar la CNMV con todos aquellos que llevan tiempo trinando por las esquinas las penas y miserias de una gestión administrativa tan emoliente con los poderosos como inflexible con los díébiles.
Ha llegado la hora de cambiar el sentido de la marcha y acabar con una política acomodaticia que sólo afronta las batallas que están ganadas de antemano. De esos polvos han surgido lodos tan embarrados como los pagaríés de pega de Nueva Rumasa y las aciagas preferentes de la banca que el Estado tendrá que asumir como una responsabilidad patrimonial de todos los españoles. Emular a don Trancredo tiene un precio muy alto cuando el toro de la recesión económica mira tan mal como lo viene haciendo desde años en nuestro país.
Lo último que faltaba ahora es un eníésimo escándalo como el de Pescanova, una situación iníédita para los reguladores toda vez que el consejo del grupo pesquero ha decidido unilateralmente prescindir de auditor externo y llevar sus enigmáticas cuentas al juzgado con una suspensión de pagos que viene siendo cocinada a fuego lento durante toda esta semana. La Comisión de Valores tendrá que lidiar con una entidad que empieza a ser inmanejable y cuyas prácticas de gobierno corporativo están en las antípodas de lo que recomienda el cíélebre Código Conthe.
El ‘singular’ gobierno corporativo de Pescanova
El grupo pesquero muestra una representación excesiva de administradores afines al presidente Manuel Fernández Sousa que, con un 14,2% del capital, dispone de cuatro de los 12 miembros del consejo. El capital flotante en bolsa queda pues minusvalorado por cuanto que los independientes sólo equivalen a un 23% y ello además con el agravante de que dos de ellos cuentan con una antigí¼edad de casi 20 años en el cargo. Es más, un tercero de los llamados consejeros independientes es Yago Míéndez Pascual, hijo de Josíé Luis Míéndez, el antiguo presidente de Caixa Galicia y que fue accionista de Pescanova hasta junio de 2011.
Hasta que se formalizó la presentación del preconcurso de acreedores a principios de marzo, los consejeros ejecutivos han campado por sus respetos con el beneplácito de los dominicales y tres de estos han estado calentando sus sillones con una participación accionarial muy inferior al 8,3% mínimo de representación proporcional que se necesitaría para actuar de administrador. La CNMV tiene fundadas sospechas de que algunos de los consejeros que representan al capital hace tiempo que dejaron de tener acciones en la empresa y apuntan en este sentido a la compañía Transpesca, representada por Ana Isabel Barreras, la hija del dueño de Montebalito, que se sienta en Pescanova con un teórico 3%.
Pescanova carece, además, de una comisión delegada o ejecutiva que facilite la toma de decisiones; concentra la figura del presidente, consejero delegado y responsable financiero; y en los dos últimos años su consejo de administración no se ha reunido siquiera una vez al mes. Ocho convocatorias en 2011 contra siete en 2012… y gracias, porque en 2007 sólo hubo seis encuentros del principal órgano de gobierno de la compañía. Por si fuera poco, la comisión de auditoría ha estado presidida hasta octubre pasado y durante los últimos cinco años por la empresa patrimonial de Fernando Fernández Sousa, hermano del presidente y consejero dominical de la casa. La comisión de nombramientos y retribuciones se ajusta mejor a la ortodoxia y está encabezada por un independiente como Antonio Basagoiti, pero eso no ha impedido que más del 52% de los pagos percibidos por los miembros del consejo vaya a parar a Manuel Fernández Sousa y que el presidente de Pescanova haya percibido una remuneración durante los dos últimos años que supone prácticamente el 2% de todo el beneficio atribuible a la empresa.
El grupo pesquero en expectativa de concurso judicial es un caso realmente alarmante que pone en evidencia las peores consecuencias del exceso de autorregulación. La semana que entra puede ser decisiva para conocer el golpe en la mesa que va a dar la CNMV porque el regulador no quiere que la crisis pase en balde y con todo el cargo de conciencia que deparan ejemplos como el de Pescanova va a iniciar una etapa de cambio con el respaldo de la agenda reformista que impulsa Mariano Rajoy. Elvira Rodríguez tiene la suficiente confianza del presidente como para demostrar su independencia ante todos esos intereses creados que se mueven como pez en el agua dentro de las aguas turbulentas del mercado financiero y bursátil. Dicen que la jefa de la Comisión de Valores es una gran jugadora de mus. Ojalá que esta vez el órdago resulte ganador.
