Mientras Alan Solomont, embajador de Estados Unidos en España, hace lobby para defender los intereses de las empresas americanas en el sector elíéctrico español, el fiscal general de Massachussets tiene en marcha una batalla legal contra Iberdrola al considerar que cobra demasiado por la electricidad que transporta y distribuye en Maine, el estado clave para su crecimiento en el norte del país y Canadá. El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán reconoce el conflicto, que se inició a finales de 2011, y que, lejos de resolverse con la celeridad habitual en Estados Unidos, se ha enconado.
El citado fiscal general y otros representantes de la Administración presentaron un recurso ante la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), el regulador elíéctrico de Estados Unidos, al considerar que la prima que se pagaba a los propietarios de instalaciones de transmisión en ese estado era demasiado alta y debía reducirse. Uno de los afectados por esa reclamación era Central Maine Power Company (CMP), la filial de Iberdrola que da servicio en esa zona del noreste del país americano.
A lo largo de 2012, las dos partes intentaron llegar a un acuerdo a travíés de los tribunales de arbitraje, mediante los cuales se suele ajustar al alza o a la baja la retribución que cobran los grupos energíéticos por su servicio. Sin embargo, el juez de la FERC declaró que las negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo se encontraban en punto muerto y que su labor de acercamiento había acabado sin íéxito. En consecuencia, se estableció un calendario para resolver el recurso que se espera sea resuelto a finales de este año o principios de 2014.
Lo que pide el fiscal general de Massachussets es rebajar en casi dos puntos porcentuales lo que empresas como Iberdrola reciben por el transporte de la electricidad en esa zona del país. En concreto, reducir el retorno base sobre el capital o ROE desde el 11,14% hasta el 9,2%. O lo que es lo mismo, un ajuste del 17,4%. Esta disminución de la retribución supone un coste de al menos 24 millones de dólares anuales para Iberdrola, lo que multiplicado por los años de la gestión puede suponer un duro golpe para los intereses de la empresa española.
La remuneración de la red de transporte de Central Maine Power (CMP) es establecida por la FERC a travíés de una tarifa regulada que se fija anualmente de acuerdo con una fórmula que permite la recuperación de los gastos directos de operación y mantenimiento asignados al transporte, así como el retorno de la inversión. El regulador ofrece una retribución a los recursos propios (return on equity - ROE) e incentivos adicionales aplicables a los activos que se basan en la antigí¼edad de los activos, en la tensión de las redes y otros factores.
Proyecto gigantesco
Hasta el momento, Iberdrola recibe un ROE del 11,14% más 50 puntos básicos y un incentivo de otros 125 puntos, hasta alcanzar un retribución total del 12,89%. Con esta tarifa cubre los trabajos de construcción relacionados con el Programa de Seguridad de Abastecimiento de Maine, que suponen una inversión para la filial del grupo español de 1.400 millones de dólares (1.060 millones de euros) entre 2011 y 2015. Una obra vital para el suministro de energía del estado de Augusta y Portland, muy perjudicado por los efectos del huracán Sandy a finales de 2012.
Con esta iniciativa, Iberdrola se ha comprometido a facilitar la interconexión elíéctrica entre Massachussets, New Hampshire y Maine, de la que se beneficiarían siete millones de clientes. El proyecto, que se extiende hasta Canadá, supone la renovación de más de 800 kilómetros de líneas de transporte de energía elíéctrica, de entre 115 y 345 kV (kilovoltios) y la puesta en marcha de cinco nuevas subestaciones de 345 kV en la región de New England. La mitad de esta nueva red ya está construida.
Iberdrola sostiene que los ingresos obtenidos en Estados Unidos son esencialmente de carácter regulado, basados en tarifas establecidas de acuerdo con procedimientos administrativos y negociados con distintos organismos. Dichas tarifas se aprueban por las comisiones reguladoras de los diferentes estados y se basan en los costes del servicio, de tal manera que los ingresos cubran los gastos operativos, incluidos los de la deuda y los del capital.
Los costes de la energía se fijan en los mercados mayoristas de Nueva York y de Nueva Inglaterra y se trasladan íntegramente a los consumidores. La diferencia entre los costes previstos y los efectivamente soportados por las empresas se resuelve con procedimientos de compensación que se traducen en ajustes inmediatos, habitualmente al alza para los consumidores. Si por cualquier circunstancia, el operador supera sus objetivos de rentabilidad, el ingreso sobrante se reparte entre la empresa y el cliente con una bajada del precio de la electricidad a futuro. El año pasado, el estado de Nueva York le incrementó la tarifa a Iberdrola.
