El Ministerio de Industria está ultimando un plan de refinanciación de las subvenciones comprometidas con el sector de las energías renovables que será el eje de la reforma anunciada por el titular del departamento, Josíé Manuel Soria, para el próximo mes de junio. El mercado energíético constituye la gran asignatura pendiente del Plan Nacional de Reformas (PNR), que el Gobierno tiene que actualizar ahora para su envío a la Unión Europea.
Los responsables de la política industrial consideran que España no puede trasladar al consumidor el coste de las ganancias que sus antecesores del PSOE pactaron con los grandes fondos de inversión en el desarrollo de la llamada ‘energía verde’. Dichos beneficios se traducen en rentabilidades de hasta el 18% en proyectos que alcanzan los 25 años de vida útil. El objetivo ahora es prolongar si cabe el plazo de las instalaciones con derecho a subvención, pero a cambio de reducir de forma drástica la prima que se financia con cargo al recibo de la luz.
Las cuentas oficiales parten de unos costes regulados de 20.000 millones de euros que Soria quiere reducir anualmente en torno a 4.000. Este ajuste se explica más fácilmente teniendo en cuenta que el díéficit de tarifa acumulado en 2012 ha alcanzado los 5.600 millones de euros, según los últimos datos de liquidación de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Baste recordar que el año pasado el límite máximo contemplado legalmente era de 1.500 millones de desfase entre los ingresos y los costes del sistema elíéctrico.
El Ministerio de Industria estima que sin una reforma energíética en profundidad este 'agujero' se convertirá en una bola de nieve incesante hasta el año 2020 generando además unas necesidades financieras para entonces de 6.000 millones. El círculo vicioso del díéficit de tarifa exige medidas drásticas, un hair cut en tíérminos financieros que limpie de polvo y paja el mercado elíéctrico y garantice precios equitativos para el consumidor.
La nueva ofensiva será abordada “por las buenasâ€, con una oferta al sector que garantice la tasa de rentabilidad de los proyectos a largo plazo. El problema reside en que los inversores han entrado a saco al olor de las subvenciones y la mayor parte de sus apuestas en el segmento solar y fotovoltaico están respaldadas con una elevada ratio de endeudamiento. La negociación no va a ser sencilla porque el ríégimen especial de las energías renovables supone un coste anual de más de 9.000 millones de euros.
Transporte, distribución y extrapeninsulares
La reforma energíética, que obligará tambiíén a modificar la ley del sector elíéctrico de 1997, se extenderá además a otras actividades como el transporte y la distribución elíéctrica. Ambos segmentos fueron ya objeto de un ‘ajuste fino’, casi 800 millones de euros hace ahora apenas un año, pero el desequilibrio financiero del sistema elíéctrico obliga a una segunda vuelta de tuerca que afectará directamente a Red Elíéctrica y a las grandes compañías elíéctricas.
En última instancia, el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tiene previsto aligerar el importe del servicio elíéctrico en las islas Canarias y Baleares. Los acuerdos del Gobierno de Zapatero con Enel que facilitaron el traspaso de Endesa al Estado italiano se han convertido en una losa demasiado pesada para el Gobierno español desde el momento en que las llamadas extrapeninsulares suponen en la actualidad un sobrecoste de 1.800 millones de euros.
Precisamente esta misma cifra, 1.800 millones de euros, es la que ahora se propone recortar el ministro Soria en el conjunto de los costes regulados del sistema. Este importe se completará con los 2.200 millones asignados como críédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma se completará el adelgazamiento de los 4.000 millones previstos en la reforma energíética que viene. El sector pagará cerca de la mitad y el resto será sufragado a escote por todos los contribuyentes.
