Las obras de construcción de la línea de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona costaron 8.966,71 millones de euros, lo que supone un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros).
Así lo recoge el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea fíérrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrollada desde el 1 de enero de 2002, con el Gobierno de Josíé María Aznar, hasta la puesta en funcionamiento de la línea, en febrero de 2008, ya con el Ejecutivo de Josíé Luis Rodríguez Zapatero.
Según el documento, la construcción de cada uno de los 621 kilómetros que unen la capital con la Ciudad Condal por alta velocidad costó de media 14,44 millones de euros, con lo que la desviación global respecto de los precios inicialmente previstos se elevó hasta el 31,4%.
Para el organismo fiscalizador, esta desviación se puede atribuir a las "modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de emergencia, a las revisiones de precios y a las liquidaciones adicionales", además de a las prórrogas y ampliaciones de plazo, que tuvieron un periodo medio de 4,5 meses por expediente.
Periodo 2002-2008
Sin embargo, si se circunscribe el análisis a los años que recoge el informe (2002-2008), la desviación es incluso mayor, ya que de los 2.851,45 millones de euros que se licitaron se adjudicaron finalmente por 2.599,98 millones de euros, previíéndose un ahorro del 8,8%, pero finalmente se gastaron 3.721,97 millones de euros, un 30,5% más que lo previsto y un 43,2% por encima de lo adjudicado.
En este periodo -en el que se incluyen dos años de Gobierno 'popular' y cuatro de dirección socialista- el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) hizo un "uso abusivo" de la tramitación de expedientes como 'de urgente necesidad', sobre todo porque posteriormente "todos fueron tramitados por el procedimiento ordinario de concurso abierto y sin reducción de plazos".
Asimismo, el Tribunal de Cuentas apunta que el plazo de inicio de las obras en estos años se demoró en el 30% de los contratos, con un retraso medio de siete meses en el comienzo de las obras, aunque en dos de los proyectos la puesta en marcha de los trabajos se pospuso 30 meses. "En numerosas ocasiones estos retrasos se debieron a que se iniciaron las licitaciones sin haber comenzando las expropiaciones forzosas de los terrenos afectados", se puntualiza.
Tambiíén en estos ejercicios se detectaron numerosas modificaciones de los proyectos, incluso a pesar de que las "necesidades nuevas o causas imprevistas" alegadas para justificar estos cambios ya se conocían antes del inicio de las obras y "eran debidas a vicios, indefiniciones u omisiones" o se derivaban por una "defectuosa ejecución" de las obras.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recuerda que ya había alertado de "la mayoría de las deficiencias y debilidades" en materia de "retrasos y sobrecostes muy significativos" que se han constatado, por lo que reclama que se pongan en marcha mecanismos para hacer previsiones "más realistas" de plazos y costes de ejecución, para "evitar la utilización generalizada de las modificaciones de los contratos y las suspensiones temporales de obras"; así como "detallar con claridad" las razones que fundamentan las solicitudes de prórrogas.
