La visita que a partir de la próxima semana realizarán a España los ‘hombres de negro’ ha empezado a producir escalofríos entre los responsables económicos del Gobierno. Los nuevos análisis que llevarán a cabo los supervisores enviados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrán lugar justo a los pocos días de que el Banco de España haya elevado las obligaciones de saneamiento bancario. Una coincidencia muy poco oportuna que puede suponer el punto de inflexión para que la troika exija a España la solicitud de un nuevo tramo de rescate financiero.
El malhadado y denominado plan Guindos 3 se ha convertido en un quebradero de cabeza para los dos grandes 'luises' de la política financiera en nuestro país. El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, no han sincronizado esta vez sus relojes con la puntualidad de costumbre. De ahí que el regulador se haya retrasado en la aplicación de la nueva dosis de provisiones en el sector bancario generando las mayores cautelas de los ‘vigilantes de la playa’ comunitarios que vienen ahora a examinar el estado real del paciente.
Orientados bajo el principio de que más vale prevenir que curar, los delegados de la troika tienen ahora un argumento de peso para imponer a España una tercera fase de rescate financiero que obligaría al Gobierno a tirar de los recursos habilitados al efecto hace un año por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Cabe recordar que el Ministerio de Economía dispone de una línea de hasta 100.000 millones de euros, de los que ha consumido 41.000, incluyendo el grueso de casi 39.500 destinados a los bancos nacionalizados y la Sareb y los 1.865 que fueron a parar a las entidades del denominado Grupo 2 de entidades en reestructuración.
Las autoridades de Bruselas consideran que la disposición de los recursos todavía pendientes es una garantía latente que refuerza la credibilidad del euro ante los mercados de capitales. Sin embargo, ni en Economía ni en Hacienda están por la labor de abrir un nuevo debate político sobre la fortaleza de la banca española y la credibilidad de las cuentas públicas. Los dineros del rescate no dejan de ser un críédito en condiciones ventajosas, eso sí, pero que habrá que devolver algún día a sus prestamistas. Además, el Gobierno tampoco quiere exponerse al escrutinio parlamentario de todos los que aprovechan la más mínima para lanzar dardos envenenados contra la estabilidad presupuestaria y la política reformista de Mariano Rajoy.
No es el huevo lo que está en juego, sino más bien el fuero del supuesto íéxito con que ha sido bendecida la reestructuración financiera en nuestro país. El problema ha sido que tambiíén el Banco de España, despuíés de todos los avatares padecidos en la etapa de Miguel íngel Fernández Ordóñez, quiere ahora curarse en salud con una estrategia de supervisión que sea verdaderamente eficaz dentro de la sutileza que recomienda la más deseable colaboración con el Ministerio de Economía.
La intrahistoria de una circular venida a menos
El difícil equilibrio entre lo que el Gobierno pide y lo que el supervisor puede dar de sí ha saltado por los aires con motivo de la última comunicación en materia de refinanciaciones empresariales. Una disposición que, en su origen, había sido articulada como el eníésimo decreto ministerial de reforma bancaria y que a la postre se ha servido en bandeja de plata como un mero ‘aviso a navegantes’ remitido al sector por el director general de Regulación del Banco de España, Josíé María Roldán.
Entre medias, se han producido no pocas y desagradables desavenencias dentro de la institución encargada de velar por el buen funcionamiento de la industria bancaria. El Banco de España asumió finalmente como propio el encargo oficial de elaborar una circular que garantizase la modificación del tratamiento contable de las múltiples reestructuraciones llevadas a cabo, sobre todo en beneficio de las grandes corporaciones endeudadas hasta las cejas durante la era Zapatero. Por desgracia, el borrador de la normativa en cuestión llegó a las entidades financieras antes de que hubiera alcanzado su último hervor y los bancos, como no podía ser menos, se pusieron de uñas con el Banco de España.
El subgobernador, Fernando Restoy, al frente de las operaciones en este tipo de controvertidas relaciones con los agentes del mercado, resolvió el asunto con un ‘tirón de orejas’ al director general de Supervisión, Ramón Quintana, como responsable ocasional y cabeza de turco de la filtración. La consiguiente ‘gotera’ fue taponada en última instancia con el socorrido recurso de esa comunicación enviada a los bancos el pasado 30 de abril. De esta forma, el ‘cafíé para todos’ se sustituye por unos criterios que cada cual deberá tener muy en cuenta a la hora de reportar los estados financieros ante los Servicios de Inspección del Banco de España.
Los bancos han respirado más tranquilos, en especial los que se encuentran en mejor situación para hacer frente a las nuevas dotaciones. Otra cosa es lo que piensen los ‘hombres de negro’, que ahora, sólo tres semanas despuíés, se van a plantar en España con la munición renovada para ajustar aún más las cuentas del sector financiero. Europa no admite ni media fisura y la sugerencia del supervisor, junto con la historia que la precede, puede ser motivo de sobra para que la troika se cure tambiíén en salud y ‘recomiende’ al Gobierno una nueva fase de rescate.
Las nuevas necesidades financieras tendrán que ser evaluadas en los contactos que los próximos días mantendrán en Madrid los delegados de la CE, el BCE y el FMI. En principio, el importe se determinará sobre la base de los 88.000 millones de euros que el propio Banco de España considera que todavía no han sido convenientemente provisionados. La cuantía de las dotaciones adicionales que tendrán que efectuarse se extiende en una horquilla de entre 15.000 a 20.000 millones de euros, según los datos que se manejan dentro de las propias entidades financieras. Dicho de otro modo, en el peor de los casos, el Gobierno tendría que solicitar otro cheque de la línea de críédito equivalente, en números redondos, a un 2% del PIB. En todo caso, un peso añadido en la lucha contra el díéficit y un lastre para la confianza que España trata de ganar en los mercados internacionales.
