Si la reforma local que prepara el Gobierno entrara hoy en vigor, el 92% de los municipios con menos de 5.000 habitantes perdería buena parte de sus competencias, que serían asumidas por las Diputaciones Provinciales. Así lo señalan fuentes de Hacienda tras comprobar que los servicios que prestan estos ayuntamientos superan el coste estándar, es decir, el precio óptimo fijado por Hacienda. Ese porcentaje disminuye hasta el 40% para los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes.
El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno debatirá mañana con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), contempla por primera vez eliminar de forma drástica las competencias a los ayuntamientos que no sean capaces de lograr costes competitivos para prestar un servicio. Hacienda está elaborando unas horquillas de precios que tienen en cuenta la población y la densidad. A partir del primero de enero del próximo ejercicio, los municipios que no sean capaces de gestionar “eficientemente†sus competencias empezarán a perder poder en favor de las diputaciones.
Si bien a día de hoy, el 92% de los municipios de 5.000 habitantes incumple el coste estándar -y casi la mitad de los de entre 5.000 y 20.000-, fuentes de Hacienda aseguran que los ayuntamientos están aplicando cambios en su gestión y confían en que el porcentaje de los municipios que pasarán el corte aumentará.
De hecho, Hacienda destaca que 4.623 ayuntamientos cerraron el ejercicio anterior en superávit frente a los 4.018 municipios que lo lograron en 2011. Además, la plantilla del conjunto de la Administración Local ha disminuido un 12,27% entre julio de 2012 y 2011.
En cualquier caso, la reforma que plantea Hacienda supone una autíéntica revolución en el mundo local ya que, teóricamente, todos los municipios menores de 20.000 habitantes pueden perder competencias. De los 8.116 ayuntamientos que hay en España, 7.717 cuentan con menos de 20.000 habitantes y, por lo tanto, corren el riesgo de quedar vacíos de poder.
Según la normativa que ha elaborado Hacienda, cuando un municipio pierda una competencia, no podrá recuperarla en cinco años. Y, para hacerlo, deberá presentar un plan económico financiero para demostrar que es capaz de asumir ese servicio sin sobrepasar el coste estándar.
La Diputación, además de asumir la competencia, tambiíén gestionará las tasas finalistas para cubrir esa prestación. Por ejemplo, si un ayuntamiento no es capaz de ofrecer el servicio de cementerio sin sobrepasar el coste estándar, la Diputación correspondiente se encargará de fijar y recaudar las posibles tasas vinculadas a la gestión de ese servicio.
Todos los municipios tienen competencias en alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario y alcantarillado. Sin embargo, suelen asumir otros servicios, una posibilidad que desaparecerá para los municipios que Hacienda catalogue de ineficientes.
Según los cálculos de Hacienda, el coste medio de todos los servicios que asume un municipio de menos de 5.000 habitantes asciende a 1.220 euros per cápita, mientras que esas mismas competencias suponen 445 euros por persona en ciudades de más de 100.000 habitantes. El trasfondo de la reforma local pasa por buscar economías de escala que permitan a los pueblos reducir sus costes a travíés de la intervención de la Diputación. Hacienda señala que se realizará una prueba piloto con la diputación de Orense.
En cualquier caso, las propuestas del Gobierno central han encontrado la oposición de la mayoría de ayuntamientos, que defienden que la intervención estatal se limite a los pueblos que presentan un abultado díéficit.
La reforma local tambiíén incluye clarificación de competencias, la supresión de duplicidades, la eliminación de mancomunidades y de empresas municipales. Hacienda asegura que el ahorro de esta políémica normativa alcanzará los 7.129 millones entre 2013 y 2015. Por otra parte, tambiíén está previsto una reducción del sueldo de los empleados locales que supondría un ahorro de 870 entre 2014 y 2015 a travíés de ajustes en los complementos salariales.
La propuesta no convence ni a los alcaldes del PP
La reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local, el órgano en el que están representados los alcaldes y el Ministerio de Hacienda, promete ser tensa ante el abismo que separa actualmente al Ejecutivo y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) respecto a la reforma de la administración local. Buena prueba de ello es el rechazo masivo mostrado por los alcaldes aún sin conocer de forma oficial el texto definitivo de la reforma, que se hará pública esta mañana.
Las primeras informaciones que han recibido no les han gustado nada. Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y vicepresidente de la FEMP, anunció a primera hora de la tarde de ayer el voto en contra del grupo socialista “al presentar el mismo texto de reforma de las administraciones locales que había presentado en febrero y que ya entonces fue rechazado por 8.100 ayuntamientos de todos los colores políticosâ€.
En el bando popular, las suspicacias no son menores. Apremiados ante la posibilidad de que el Gobierno apenas introduzca los cambios pedidos desde el ámbito municipal, una gran mayoría de alcaldes del PP reclamó al presidente de la FEMP, íñigo de la Serna, que se reuniera con Hacienda para aclarar dudas. Ese encuentro se produjo a última hora de la tarde, tal y como confirmó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a ella tambiíén asistió el secretario ejecutivo de Política Local de los populares, Manuel Cobo. Fuentes de la FEMP subrayaron que la reunión trataba de “aclarar dudas suscitadas por la información trasladada, al ser el texto muy similar al que la FEMP ha presentado numerosas alegacionesâ€.
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