La Comisión Europea dio ayer su veredicto sobre la política económica del Gobierno español. Y aunque mantiene la presión para que se concluyan las reformas pendientes y se profundicen las iniciadas (mercado laboral o pensiones), Bruselas ofrece a Madrid una tregua tanto en el ritmo de los ajustes, como en la amenaza de posibles sanciones.
Como estaba previsto, la Comisión confirmó ayer que España dispondrá de dos años más de plazo (hasta 2016) para situar el díéficit público en el 3%. Pero, además, España se libra de un expediente disciplinario por los graves desequilibrios económicos detectados por Bruselas. La apertura de ese expediente, que parecía inevitable hace un mes tras el informe de la CE sobre los escasos resultados de las reformas económicas acometidas hasta ahora, hubiera colocado al Gobierno bajo una estricta vigilancia, con la amenaza de sanciones de hasta el 1% del PIB por incumplimiento de las recomendaciones de la CE.
Pero la ofensiva del Gobierno de Rajoy y en particular de su ministro de Economía, Luis de Guindos, ha logrado evitar ese desenlace. Y Bruselas se limitó ayer a reiterar las recomendaciones emitidas en ocasiones anteriores. Con un calendario más preciso en alguna de ellas, pero sin la presión de un expediente disciplinario que hubiera convertidos esos plazos en insoslayables.
La benevolencia de la Comisión con España responde tambiíén a un giro del organismo comunitario hacia una política presupuestaria y macroeconómica mucho más relajada, acorde con la crudeza de una crisis que ya ha dejado en el paro a 26,5 millones de europeos y se ha llevado por delante a más de una decena de Gobiernos de la UE desde 2008.
Bruselas intenta presentar el nuevo enfoque como un equilibrio entre la ampliación del margen de maniobra fiscal a cambio de una aceleración de las reformas estructurales. Pero lo cierto es que, a pesar de la dureza de los informes tíécnicos previos, la Comisión presidida por Josíé Manuel Barroso no se atrevió ayer a expedientar a ninguno de los 13 países donde se han detectado desequilibrios macroeconómicos. Ni siquiera a Eslovenia, al borde del rescate, o España, donde el departamento de Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos, alertaba hace un mes sobre el riesgo de un paro endíémico por encima del 25%.
En los procedimientos sobre díéficit excesivo tambiíén se levanta la mano, salvo en el caso de Bíélgica, país que se expone a una sanción si no presenta antes del 21 de septiembre un plan convincente para situar el díéficit público en el 2,7% a finales de año.
El resto de socios dispondrá de más tiempo para sanear las cuentas públicas. España hasta 2016, con un objetivo del 6,5% este año, dos díécimas del objetivo del propio Gobierno. Francia tambiíén logra una prórroga de dos años (hasta 2015). Y Holanda y Portugal, un año hasta 2014 y 2015., respectivamente. Se cierran, además, los expedientes contra Italia y Hungría, entre otros, a pesar de que Roma acumula una deuda pública equivalente al 127% del PIB y de que las cifras de Budapest se bambolean de manera llamativa.
Bruselas ha preferido contemporizar con las capitales en un momento en que el clima político y económico apunta a una revisión de la estrategia seguida hasta ahora. Por un lado, la zona euro ha vuelto a caer en la recesión y países como España llevan seis trimestres con caídas de crecimiento.
El calendario electoral tambiíén propicia la tendencia hacia la relajación. La actual Comisión ya ha entrado en su recta final con vistas a las elecciones europeas de mayo de 2014. Y el equipo de Barroso no parece dispuesto a aferrarse a una disciplina a rajatabla con la que nunca ha estado del todo de acuerdo y que, para colmo, no ha dado los resultados previstos. Incluso Alemania, que celebra elecciones legislativas a finales de septiembre, prefiere aflojar el corsíé impuesto a la zona euro para evitar un cataclismo en los próximos meses.
“Debemos dejar atrás la crisisâ€, señaló Barroso durante la rueda de prensa para presentar las recomendaciones de cada país. Y abogó por superar el debate sobre austeridad y crecimiento, “a menudo estíérilâ€, según el portuguíés, para centrarse en la creación de empleo y las reformas que propicien el crecimiento. Las propuestas de Barroso deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), previsiblemente en el mes de julio.
Para España, la propuesta incluye nueve recomendaciones, incluida la de reducir el díéficit. Bruselas tambiíén reclama la aplicación “rigurosa y transparente†de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la creación antes de final de año de la oficina independiente de control presupuestario.
Se pide, asimismo, reducir el gasto sanitario en hospitales y la entrada en vigor de la ley de desindexación a principios de 2014, para reducir la inercia en el incremento de los gastos y los ingresos públicos. La multimillonaria factura del díéficit de tarifa en el sector elíéctrico tambiíén vuelve a aparecer: esta vez se pide una solución para finales de 2013, igual que se hacía el año pasado.
En definitiva, un listado muy amplio de deberes, con un calendario tentativo para llevarlas a cabo. Pero cuyo cumplimiento ya no verificará probablemente esta Comisión, sino la que ocupe su puesto a finales de 2014.
