Tres años despuíés, la concesión para controlar el negocio del agua de la ciudad de Cáceres sigue empantanado. El juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo del municipio extremeño anuló el pasado 24 de mayo la adjudicación concedida a Acciona para la gestión del abastecimiento y depuración hasta 2035. A pesar de este hito judicial, el contrato sigue vigente, ya que la sentencia no es firme y cabe la presentación de un recurso de apelación, medida que la compañía presidida por Josíé Manuel Entrecanales ha anunciado que llevará a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
De nuevo, la explotación de un servicio de agua termina en los tribunales enfrentando a varias de las partes aspirantes a su gestión. En este caso, el litigio nace a instancias del Canal de Isabel II, el anterior gestor, aunque otros de los pujantes, como Aqualia (FCC), tambiíén manifestó su disconformidad por el criterio de puntuación seguido. En este caso, el conflicto nace por la penalización que recibieron sus ofertas tíécnicas (cero puntos en diez de sus doce apartados) por no incluir en el pliego del concurso los costes asociados al proyecto de organización del servicio y al míétodo de gestión.
La reciente sentencia afirma que la inclusión de esos costes "no era indispensable" para valorar las ofertas tíécnicas y califica de "rigorista" el hecho de que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Cáceres dejara sin puntos a las empresas licitadoras que no especificaron ese aspecto en su oferta tíécnica. Así, el juez reconoce por tanto un defecto de forma y obliga a retrotraer todo el proceso al momento anterior a esa decisión, es decir, al 20 de diciembre de 2010, aunque no presupone que las ofertas revisadas vayan a obtener una mayor puntuación que la lograda entonces por Acciona.
El contrato en juego tiene un coste anual de 12 millones de euros (incluido el beneficio industrial del ganador como pago de su gestión y la amortización de las inversiones realizadas con cargo al contrato y al canon), a los que se suman otros 37,7 millones adelantados al Ayuntamiento de Cáceres en concepto de canon por la concesión a 15 años. Aunque las magnitudes son poco relevantes, este contrato era uno de los más importantes gestionados por Acciona, por tanto sumó como aval, hasta su reciente adjudicación de Aguas del Ter y Llobregat (ATLL), el megaconcurso de 1.000 millones.
En el caso de ATLL, el responsable de cuestionar la adjudicación fue el í“rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) a instancias de Agbar, el otro aspirante al contrato. Abierto el frente jurídico, la decisión final está, como en Extremadura, en manos de un Tribunal Superior de Justicia, situación que no impide que Acciona gestione ATLL, que la Generalitat asegure la validez de la privatización y que Agbar exija la anulación de la oferta vencedora (por el calendario de ejecución de obras), a pesar de que el ganador pagó ya a la Administración catalana un adelanto de casi 300 millones.
